La mujer aseguró que desde aquel trágico día su hija de 14 años permanece detenida. “Si ella lo hizo la justicia se hará cargo”.
Héctor Fernando Acosta tiene 42 años, y solamente deberá someterse a un tratamiento para violentos y usar una pulsera electrónica.
Jorge Ovejero, secretario de Seguridad, manifestó que el delito tiene penas de hasta 6 años de prisión. “La fiscal tendrá que evaluar si actúo con dolo o sin ánimo de infundir temor”, expresó.
Así lo aseguró el secretario General de la Casa de Altos Estudios, Rubén Correa, quien expresó se garantizó el funcionamiento normal de las actividades académicas y de investigación que tiene la universidad. “Queremos llevar tranquilidad a la gente”, dijo.
La investigación inició durante la medianoche, y ya a la madrugada la Brigada logró identificar al responsable de los posteos. En consecuencia, hace instantes fue detenido y trasladado a sede judicial. La intimidación pública está reconocido como un delito.
La joven recibió varios golpes de puño y asegura que con un cuchillo la amedrentó y le dijo que iba a matarla.
Se espera que el juez Diez sea llevado a juicio este año por los delitos de lesiones agravadas por violencia de género y amenaza con arma de fuego. Nunca en Salta un magistrado fue sentado en el banquillo de los acusados.
El episodio fue en la estación de servicio en el ingreso a Embarcación, siendo el principal acusado el docente Luis Patricio González. Tras lo sucedido la secretaria general de ADP radico la denuncia y dijo: “Yo no voy a terminar con un tiro en mi cabeza por esta gente”.
Silvia Morales, representante del movimiento, defendió a la acusada por el diputado provincial y cuestionó la rapidez con la que actuó la Justicia. En tanto, la dirigente del PO, Gabriela Cerrano, aseguró que Suriani busca disciplinar a las mujeres. Mirá el VIDEO.
El único sospechoso será imputado por los delitos de amenazas y coacción. Lograron individualizarlo gracias a que la radio tiene identificador de llamadas.
El fiscal Maximiliano Troyano elevó la causa a juicio por los delitos de crueldad animal y amenazas. Tras lo ocurrido proteccionistas se manifestaron y pidieron una “fiscalía animal”.
El titular del organismo, Federico Hanne y el secretario gremial Adrián Amen, denunciaron ante la justicia a remiseros que amenazaron a inspectores.
