Durante la investigación que se lleva adelante por actos de corrupción y distribución de estupefacientes en la Unidad Carcelaria 1, se ha tomado conocimiento de intimidaciones y amedrentamientos dirigidos a testigos, con amenazas a familiares, e incluso amenazas de muerte a funcionarios del Servicio Penitenciario. Se advierte que, con estos hechos, que se suman al beneficio otorgado por el Juez de Garantías, los imputados pueden comprometer la integridad y el éxito de la investigación.
La Unidad Fiscal integrada por el Procurador General Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio (UDEC) y Gustavo Torres Rubelt (UFINAR) solicitó al Juez de Garantías N° 3, que se revoque el arresto domiciliario y se ordene la detención de los siete funcionarios del Servicio Penitenciario imputados en la causa que investiga la presunta exigencia de dinero a cambio de otorgar beneficios o permitir el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes a personas detenidas.
En la presentación se destaca que el Juez de Garantías 4, Diego Nicolás Rodríguez Pipino, impuso a los imputados el arresto domiciliario, acompañado de diversas medidas sustitutivas de la prisión preventiva, incluyendo la “prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con las víctimas y los imputados por cualquier medio, ya sea fax, email, teléfono, mensajes de texto o redes sociales, por sí o por terceros”. Lo que se denuncia no está siendo cumplido, por lo cual procedería el apercibimiento ya impuesto, de ordenar su detención de manera inmediata en caso de incumplimiento, en conformidad con lo establecido por el artículo 382 del Código Procesal Penal.
A continuación, se refiere que, según un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, una mujer compareció allí y manifestó su temor el día 27 de diciembre, tanto por ella como por su hijo y otro interno de la Unidad Carcelaria Nº 1 del Servicio Penitenciario. A dicha persona, le hicieron saber que los oficiales penitenciarios detenidos planifican investigar y descubrir a quienes revelaron información sobre actividades ilícitas relacionadas con drogas y beneficios a reclusos. Además, le indicaron que el tráfico de drogas continúa con otros dispositivos y personas. La testigo también señaló que el celular usado para amenazar con imágenes familiares y detalles personales está en manos de otra persona, sin haber sido incautado durante la detención. La testigo expresó su profundo temor ante estos hechos.
Esto se suma a lo manifestado por otra testigo, quien expresó, entre sus declaraciones, que “el hecho de que los acusados estén con arresto domiciliario le genera preocupación y angustia.”
Por último, se informa también que la Jefa de la Dirección General del Servicio Penitenciario y el Subsecretario del Ministerio de Seguridad fueron amenazados de muerte el 28 de diciembre, mediante un folleto dejado en la oficina de la Dirección General; razón por la cual se inició una nueva investigación por estos hechos, la que será remitida también a la Unidad Fiscal que investiga la organización delictiva que operaba dentro del penal.
Destaca la Unidad Fiscal, que la información expuesta evidencia que los imputados mantienen influencia o presión sobre los testigos y, al encontrarse en arresto domiciliario, podrían utilizar ese beneficio para comunicarse y buscar apoyo con el fin de intimidar o amedrentar a testigos en la presente causa. Esto podría resultar en un entorpecimiento de la investigación e incumplir con la medida ordenada por el Juez de Garantías. Por lo tanto, se solicita la revocación del arresto domiciliario.
Surge un riesgo potencial de entorpecimiento al estar llevándose a cabo la fase inicial de la investigación, no habiéndose obtenido aún las declaraciones de posibles testigos. Es por eso que la protección de sus testimonios, se vuelve esencial, considerando la influencia que los imputados podrían ejercer sobre ellos. En este sentido, el pedido de los fiscales busca neutralizar dicho riesgo y garantizar declaraciones seguras y veraces, sin temores ni presiones, fundamentales para el desarrollo del proceso judicial.
Señalan también que los elementos recopilados objetivamente indican la existencia de un riesgo procesal latente, en consonancia con el Artículo 389 del C.P.P. y dada la naturaleza incipiente de la investigación, se recurre a medidas cautelares para prevenir cualquier interferencia. Agregando que no se descarta la posible ampliación del decreto imputativo en relación con personas vinculadas al personal del organismo bajo investigación.
Es por eso que en aras de preservar la integridad de la investigación, se ha solicitado la revocación de los beneficios otorgados en oportunidad de la audiencia de prisión preventiva apelada, y la imposición de prisión preventiva para los imputados, ya que el comportamiento observado sugiere la posible implicación de otros coimputados, lo cual podría perjudicar la investigación en curso. Toda vez que el comportamiento evidenciado da cuenta de la posibilidad de que los otros coimputados también puedan incurrir en las conductas señaladas, en perjuicio de la investigación.
Por último, señalan los Fiscales, que debe merituarse, que los imputados se desempeñaban laboralmente en el Servicio Penitenciario de Salta, lo cual permite concluir que no solo conocen el funcionamiento del Organismo, sino que gozando de dicho beneficio podrían intimidar o infundir temor por cualquier medio a los efectos que los testigos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, como también podrían provocar la destrucción de elementos de prueba que hagan imposible la dilucidación del evento investigado, peligro que solo puede neutralizarse con la medida peticionada.
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