El juez del Juzgado de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, negó este mediodía la prisión preventiva solicitada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt para los detenidos en la causa en la que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.
Pese al pedido de la Unidad Fiscal conformada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, para que los siete funcionarios del Servicio Penitenciario y los otros involucrados permanezcan detenidos, el juez Rodríguez Pipino otorgó el arresto domiciliario a 14 de los involucrados. Sobre uno de los detenidos aún no falló y sobre el hombre que cumple condena en la Unidad Carcelaria 1, ordenó que continué detenido.
Entre los beneficiados con el arresto domiciliario se encuentra la madre de un hombre privado de la libertad que habría cumplido el rol de fraccionar sustancias estupefacientes y entregarlas a un guardia cárcel, que a su vez la ingresaba al penal y la entregaba al detenido para su comercialización en la Unidad Carcelaria N° 1. También se secuestraron “facas”, celulares, y otros elementos prohibidos en los puestos de trabajo de los funcionarios.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron ante el Juzgado en la necesidad de que los involucrados permanezcan detenidos para poder avanzar en la investigación y evitar el entorpecimiento de la causa y el libre testimonio de los testigos, por el riesgo de presionar a estos últimos. Fundamentaron, además, su pedido en la contundencia de las pruebas recabadas y en los secuestros efectuados el 6 de diciembre pasado durante los 36 allanamientos efectuados, en una causa sin precedentes, de un abyecto y condenable aprovechamiento de vulnerables privados de libertad que debían pagar para acceder a beneficios, entre otras negociaciones abominables.
El juez Rodríguez Pipino consideró que no existía riesgo procesal alguno para la investigación, que demandó más de dos meses de esfuerzos y recursos al Ministerio Público Fiscal, y otorgó el arresto domiciliario a los involucrados.
Los fiscales se mostraron sorprendidos por la decisión tomada hoy por el juez de Garantías 4, en la que determinó el arresto domiciliario de personas con graves acusaciones y participación en los delitos tanto en perjuicio de la Administración pública, como relacionados a la comercialización de estupefacientes
Por otra parte, y ante la gravedad de los hechos investigados, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso acudir a la figura contemplada en el Art. 32 de la Ley N° 7.328, que permite al Procurador General dentro de sus facultades “Intervenir en forma conjunta con los fiscales, en las causas en trámite, cuando la gravedad o importancia de aquellas lo justifique”, para de ese modo acompañar a los fiscales ya intervinientes en la Unidad Fiscal, pasando a integrar formalmente la misma. “Resulta lamentable y preocupante el mensaje que se exterioriza a la sociedad, cuando de lo que se trata es de fortalecer ejemplos y paradigmas morales ante quebrantos tan execrables de quienes debieran hacer respetar el orden, la rectitud y la constitución misma por la cual juraron en su condición de funcionarios del Servicio Penitenciario”, agregó.
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