Impuestos al Tabaco: Sáenz criticó a Milei por ceder ante el lobby de un empresario y destrozó a Zapata

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, criticó la decisión del Gobierno de quitar del proyecto original de la Ley Bases el capítulo tabacalero que proponía la Casa Rosada para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, ante la presión del “Señor del Tabaco”, tal como el presidente apodó a Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí.

El mandatario le pidió a Javier Milei, en nombre de “las provincias del norte, y de todos los ciudadanos del resto del país”, que “no se deje ganar por el Señor Tabaco”. “Le pedimos que no claudique ante las presiones e intereses que usted mismo ha acatado en público”, solicitó al Jefe de Estado a través de un extenso hilo en X, ante Twitter.

Acusan al diputado Zapata de boicotear la Ley Ómnibus de la mano con una tabacalera

En la oportunidad, cuestionó que “un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales le torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la ‘casta’” y apuntó, sin nombrarlo, especialmente contra el legislador olmedista, Carlos Zapata, a quien acusó de arrogarse espuriamente la representación del Sector Tabacalero.

Según explicó, la modificación de Impuestos Internos al Tabaco “iba a terminar con el privilegio de una sola empresa (en referencia a la firma de Otero) que se autopercibe Pyme pero factura más de 800 millones de dólares; que se dice nacional pero no compra ni un kilo de tabaco argentino porque importa de Brasil por más de 40 millones de dólares al año; que opera desde 2018 sin pagar el Impuesto Interno Mínimo y gracias a eso vende muy por debajo del precio de sus competidores”.

Sáenz calificó a la decisión del oficialismo como una prebenda y aseguró que las consecuencias lo pagan las provincias tabacaleras del norte, que sufrieron una pérdida acumulada de más de 700 millones de dólares en concepto de menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco afectando a una economía regional que mantiene a más de 200 mil personas y exporta el 80% de su producción. 

En tanto, remarcó que más allá de la afectación particular de los distritos productores, el costo de este acuerdo “también lo pagan los argentinos, a través de un costo anual de un billón de dólares que se dejan de recaudar en concepto de Impuestos Internos, coparticipables entre las 24 jurisdicciones del país y el Tesoro Nacional”.

A modo de ejemplo y “para entender la dimensión del daño al erario público nacional y provincial”, remarcó que “por este privilegio de una empresa se pierde el equivalente a 1 millón de jubilaciones mínimas al año, en un momento en el que se le pide a los ciudadanos y a las provincias que hagan un esfuerzo histórico para equilibrar las cuentas públicas”.