Desde agosto empiezan a revisar las pensiones no contributivas por invalidez: cuántas hay en Salta

Nota de Infobae

Las irregularidades detectadas por la auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez expuso cómo el otorgamiento de este beneficio funcionó como una política social de asistencia, sin cumplir los criterios médicos exigidos por la normativa. Se cree que hubo una decisión oficial de darle un beneficio a personas de bajos recursos, en muchos casos, en función de intereses o favores políticos.

Según los datos oficiales de la ANSES analizados por Infobae, a junio último, las pensiones por invalidez sumaban 1.213.293 en todo el país. La cifra representa el 3% del total de la población.

En Salta, a junio del presente año, hay 57.794 pensiones activas, lo que equivale a 4.010 cada 100.000 habitantes.

Este tipo de beneficios lo reciben personas que, debido a un grado de discapacidad acreditada, no pueden trabajar por invalidez. Su monto en julio fue $220.907 por mes. Esto implica una erogación para el Estado que supera los USD 3.600 millones anuales.

Una auditoría ordenada por el actual director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, sobre una muestra piloto de 2.559 casos arrojó que sólo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplían con los requisitos establecidos. Sin embargo, en base a situaciones irregulares en distintos expedientes y el trabajo en conjunto con la Justicia, “se presume que podría haber irregularidades en el 40% de las pensiones otorgadas”, según la ANDIS informó a Infobae.

En la revisión que inició la Agencia en los primeros meses de 2024, detectó que “se otorgaron gran cantidad de pensiones por pobreza en un organismo que debe dar pensiones por invalidez laboral”. Entre las irregularidades encontradas, figuran médicos utilizando el mismo estudio médico para cientos de casos; médicos que dieron pensiones sin matrícula habilitante, o con matrícula inhabilitada; médicos a los cuales punteros políticos les habrían usado la matrícula para hacer certificados médicos y así entregar pensiones a personas que no cumplían con los requisitos normativos.

Desde la Agencia advirtieron que la nueva gestión se encontró un sistema de pensiones por invalidez laboral “poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”. En su mayoría estaba en papel y el proceso entero de otorgamiento no estaba en un solo software, por lo que la información estaba atomizada y no se encontraba digitalizada en su totalidad.

En ese sentido, en un reporte enviado al Senado en mayo pasado, el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse informó que “la ANDIS está trabajando para cambiar el proceso a uno 100% digital, moderno, eficiente, eficaz, trazable, transparente, automático, objetivo y justo, que permita reducir el tiempo del trámite para el solicitante en un 75% (hoy demora entre dos y tres años) y que garantice el pleno derecho de quien merezca acceder a este beneficio”.

Para tener un número preciso de beneficios otorgados irregularmente, en agosto, la ANDIS iniciará una auditoría exhaustiva en todo el país. “La idea es que no se quite ningún beneficio que corresponda, y que se den de baja todos los que fueron mal otorgados”, señalaron fuentes de la Agencia. “Hay que tener en cuenta que los marcos normativos se fueron modificando y flexibilizando en anteriores gestiones, lo que hizo más fácil que se pueda acceder a la pensión, aún en casos que quizás no hubiera correspondido por no cumplir con los requisitos de invalidez o discapacidad”, agregaron.