Para prevenir el crimen organizado, García Castiella puso en alerta a los legisladores por Aguas Blancas

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y al presidente de la Cámara de Senadores de la provincia, Antonio Marocco, informando sobre la situación institucional que afecta al Municipio de Aguas Blancas.

García Castiella puso al tanto al Poder Legislativo sobre la situación en la que se encuentra el intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, quien el pasado 6 de septiembre fue imputado por los delitos de entorpecimiento de acto funcional y violación de secretos y se lo citó a declarar. 

El intendente Martínez fue allanado en el marco de la causa que investiga la muerte de su hermano quien fue ultimado de varios tiros, en un claro escenario de un presunto asesinato con tintes mafiosos. Los allanamientos se hicieron los días 12 de abril de 2024 y 5 de junio de 2024.

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También se les informó a los legisladores, que sobre Martínez, pesa una condena de cinco años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, dictada el 10 de diciembre de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, ya cumplida. 

Actualmente, el intendente está imputado en un proceso penal por el delito de lavado de activos, con un auto de procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Guillermo Daniel Molinari, confirmado por la Cámara Federal de Tucumán el 24 de abril de 2023.

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Mediante esta comunicación, el Procurador General pone de manifiesto la complejidad de la situación institucional en el Municipio de Aguas Blancas. 

“Corresponde a esta Procuración General de la Provincia de Salta, y siguiendo los lineamientos establecidos como política criminal persecutoria del crimen organizado, a fin de que el mismo no pretenda afianzar raíces en la zona norte de nuestro territorio, efectuar las alertas necesarias para que las instituciones puedan poner en funcionamiento las prevenciones legislativas y de toda índole que ameriten proceder, para garantizar y asegurar el normal desarrollo constitucional de las instituciones de la Provincia, en este caso, el funcionamiento del Poder Ejecutivo Municipal” manifestó el Procurador.