La Cámara Federal de Corrientes ratificó este miércoles el procesamiento de los 10 acusados de entorpecer la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña en esa provincia, quienes se presentaban como integrantes de la Fundación Dupuy, sin estar vinculados oficialmente a la organización ni contar con las habilitaciones profesionales que afirmaban tener.
Se trata de Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Leonardo Daniel Rubio, Verónica Paola Machuca Yuni, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Nicolás Gabriel Soria y Esteban Federico Rossi Colombo, quienes enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, estafa calificada en perjuicio de la administración pública y usurpación de títulos, entre otras figuras penales.
Sus abogados habían apelado el procesamiento dictado por la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo, en octubre pasado. Sin embargo, ahora recibieron un nuevo revés de parte de los camaristas Luis González, Selva Spessot y Mirtha Sotelo de Andreau, quienes rechazaron la mayoría de los planteos de las defensas.
Según la investigación, los involucrados habrían llevado adelante diversas maniobras en un intento de encubrir los hechos relacionados con la desaparición del menor. De acuerdo con los informes judiciales, el grupo habría trasladado a Camila Núñez, Macarena Peña y varios menores de edad a un hotel denominado “Despertar del Iberá” en condiciones irregulares, donde habrían restringido su libertad y manipulado sus declaraciones con el objetivo de entorpecer la investigación judicial. Estas acciones se habrían desarrollado durante diez días, alegando un supuesto programa de contención que no contaba con autorización oficial.
En el marco de la investigación, declaraciones testimoniales y documentación obtenida durante los procedimientos permitieron señalar que los imputados aparentaban ser profesionales especializados en tratamiento psicológico y contención de menores. Sin embargo, la Justicia comprobó que algunos carecían de títulos habilitantes.
El móvil habría sido económico: el grupo habría utilizado la fachada de la “Fundación Dupuy” para obtener pagos del municipio de 9 de Julio, los cuales ascendieron a $1.800.000. El dinero supuestamente era destinado a honorarios y servicios especializados inexistentes o prestados por personas sin titulación oficial.
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