



Una mujer de 34 años fue señalada como la principal responsable de una compleja y millonaria trama de estafas que afectó a trece damnificados en el Valle de Lerma, siendo detenida e imputada por la venta fraudulenta de terrenos ubicados en loteos de Coronel Moldes y El Carril, causando un perjuicio patrimonial que asciende a aproximadamente 49 millones de pesos.
¿Qué pasó? La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por múltiples víctimas que cayeron en la maniobra, que consistía en la oferta de lotes a precios atractivos. Los interesados eran persuadidos para realizar importantes transferencias de dinero a cuentas bancarias y CVU a nombre de la acusada, y en algunas ocasiones, a cuentas de su pareja y cuñado, concretando así la entrega del dinero sin recibir la contraprestación real.
Para dar una apariencia de legalidad a las transacciones, la imputada entregaba a sus víctimas contratos de compraventa falsificados. Estos documentos utilizaban información y datos de terceras personas, e incluso se valían de manera fraudulenta del sello y la firma de una escribana, quien posteriormente radicó una denuncia al desconocer por completo la documentación.
El fraude se hizo evidente cuando se descubrió que muchos de los terrenos vendidos fraudulentamente ya poseían dueños legítimos o, directamente, no se encontraban disponibles para la venta por parte de la acusada, confirmando la estafa a la que fueron sometidas las víctimas. Luego de la acumulación de las denuncias y las evidencias, la acusada fue finalmente detenida tras un allanamiento llevado a cabo el 28 de febrero de este año.
La situación judicial de la mujer es compleja: se encuentra imputada como presunta autora de los delitos de estafas reiteradas (trece hechos) en concurso real y falsificación de instrumento privado, todo ello en concurso ideal, reflejando la gravedad de la cadena delictiva.
En una audiencia flexible y multipropósito reciente, el juez de Garantías interviniente rechazó de plano el pedido de detención domiciliaria solicitado por la defensa técnica. Por lo tanto, la acusada permanece alojada en la Alcaidía General N° 1, mientras la fiscalía se comprometió a finalizar la investigación en un plazo de siete días a contar desde la audiencia, buscando llevar el caso a una pronta definición.






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