Indagan hoy al abogado Sosa por la causa La Ciénaga

En una audiencia programada para hoy a partir de las 9, en el juzgado de Transición 1 en la planta baja de la Ciudad Judicial, el juez Guillermo Pereyra, interino en ese tribunal, tiene previsto recibir al abogado, Alberto Raymundo Sosa, a fin de someterlo a indagatoria en el marco de la causa penal que investiga la compra y venta ilegal de 90 hectáreas de La Ciénaga.

De la audiencia al letrado, defensor personal del ex gobernador y senador nacional Juan Carlos Romero, también imputado en la misma causa, participará el fiscal penal, Rodrigo González Miralpeix, quien en noviembre pasado promovió acción penal contra el abogado.

Sosa, quien hace pocos días fue señalado en la justicia federal por un testigo como el abogado que “vendía” la liberación de detenidos por derechos humanos durante la última dictadura, es el decimocuarto acusado que tiene la causa de La Ciénaga, acaso la más emblemática de los hechos de corrupción que se le achacan al ex gobernador, y la cual Romero no quiere explicar pese a los numerosos pedidos para que se presente a prestar indagatoria.

Según la acusación del fiscal, Sosa debe responder como “co autor del delito de peculado” junto a Romero y su hijo, Juan Esteban Romero, tres imputados considerados claves por el fiscal para llevar a cabo la maniobra que despojó al Estado provincial de 90 hectáreas, las cuales habían ingresado para ser destinadas a viviendas sociales que nunca se construyeron, dejando a 1.800 salteños sin techo propio.

Para Miralpeix, la intervención de Sosa fue “imprescindible” para que Romero, quien era su principal cliente e incluso amigo personal, pudiera junto a su hijo, Juan Esteban Romero, apropiarse de las tierras de La Ciénaga, donde la familia del ex gobernador tiene proyectado construir un exclusivo complejo de chalets de más de 800 hectáreas.

Según la fiscalía, la maniobra fue el resultado de una “cadena” de operaciones inmobiliarias, “las cuales tuvieron como único objetivo ocultar o camuflar el destino final de esas tierras”, las que quedaron finalmente en el patrimonio de la sociedad Estancia El Carmen, presidida por el hijo del ex gobernador.

En esta compleja “ingeniería delictiva”, sostuvo Miralpeix, el abogado Sosa jugó un rol preponderante, pues acercó a Romero un intermediario que hizo de testaferro temporal de las 90 hectáreas, por las cuales también se estafó al Estado provincial en el valor del terreno.

En la promoción, el fiscal estableció la actuación de Sosa dentro del artículo 45 del Código Penal, el cual sostiene la imputación para aquellos que “tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo”.

Fuente: Nuevo Diario de Salta