Abuso nena Wichi: tres imputados fueron trasladados a Tartagal

Vecinos denunciaron que los sospechosos del abuso y embarazo de la jovencita gozaban de privilegios en la comisaría de Alto la Sierra. Policías investigan las irregularidades.

Justicia 26/06/2017

La historia de la niña Wichi que fue abusada en banda y embarazada en Alto la Sierra sigue siendo un capítulo abierto en la justicia salteña. El viernes tras la denuncia de vecinos que aseguraban tres de los sospechosos,  Juan Verón, Luis Lamas y Pantaleón Mansilla, aparentemente gozaban de privilegios en la comisaría de Alto la Sierra, fueron trasladados a la Alcaidía de Tartagal.

La denuncia disparó una inmediata intervención del Ministerio de Seguridad que envió una comisión a realizar averiguaciones y una inspección. Allí constataron la presencia de los detenidos que aparentemente por el reducido espacio de la celda, podían salir varias veces al día al patio para tener tiempo de esparcimiento.

Jorge Ovejero, secretario de Seguridad, contó que fueron ellos quienes le pidieron a la justicia que ordenen el traslado de los tres detenidos a la Alcaidía. “Le solicitamos al juez que fueran trasladados para evitar irregularidades. El tribunal comprendió la situación y ordenó la medida ese mismo viernes”, explicó por Canal 11.

Ovejero

Tras la inspección  “se constató que los tres detenidos estaban en la dependencia, se tomaron declaraciones testimoniales a vecinos, hasta este momento no tenemos elementos que nos hayan confirmado que los tres salían de la comisaría, sí que en algunos horarios del día se les permitía ir al patio para hacer actividades recreativas, pero no las irregularidades que se estaban denunciando”, sostuvo Ovejero.

Todos los imputados están acusados de abuso sexual, hoy la causa tomó un nuevo giro tras una pericia que determina la posibilidad de que el embarazo haya sido anterior al ataque sexual. La jovencita debió ser sometida a una cesárea de interrupción de embarazo por malformaciones congénitas en la criatura.

El caso y sus irregularidades llegaron a las puertas de la ONU también desde la Cámara de Diputados emitieron un duro informe sobre las falencias en la intervención. Muchas de las irregularidades terminaron en el apartamiento de quien en ese momento estaba a cargo del expediente, el fiscal Armando Cazón.

En la causa intervino la defensora general de la Provincia, Ana María Inés Diez, quien se entrevistó con la madre de la víctima y desde ese momento le brindaron el asesoramiento legal necesario para continuar con las investigaciones.

Hoy la causa sigue en etapa investigativa, se espera que pronto se realice la elevación a juicio. 

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