Nena Wichi

Nazarero Orquera y Yamil Abigail Arias fueron imputados por el femicidio de una adolescente de 14 años en Misión La Cortada, que fue encontrada en una zona rural y en avanzado estado de descomposición.

La menor fue atacada cuando iba a comprar pan en Alto La Sierra, en el departamento de Rivadavia. Cursaba un embarazo que tuvo que ser interrumpido por el riesgo que representaba para su vida.

Vecinos denunciaron que los sospechosos del abuso y embarazo de la jovencita gozaban de privilegios en la comisaría de Alto la Sierra. Policías investigan las irregularidades.

Se trata de Jorge Gabriel Sala, era el único prófugo vinculado a la violación masiva que sufrió la niña en Alto La Sierra.

Al momento de ingresar al hospital por primera vez la niña de doce años, carecía de documento actualizado y Certificado Único de Discapacidad por lo que lógicamente no percibía la pensión correspondiente.

El CIF remitió los resultados de la autopsia a los fiscales que investigan el supuesto abuso a la menor Wichi. Se buscaba saber la edad gestacional del bebé y la causa del deceso del bebé. Además se remitió la muestra del tercer menor imputado y se espera por otras pericias y testimoniales.

El adolescente se escapó hacia el Sur del país violando las  medidas sustitutivas de libertad impuestas. El Fiscal Pablo Cabot, solicitó su inmediata captura tras corroborar que no se encontraba en su domicilio.

La Justicia de Tartagal hizo lugar a un pedido de prórroga presentado por el fiscal de la causa, para reunir más datos en torno al accionar que se investiga, por parte de los imputados, al momento de cometer el abuso contra la menor de la etnia Wichí.

Desde las 9 se comenzará a analizar el pedido contra el juez de Garantías de Segunda Nominación de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, y el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, por su desempeño en la causa de la niña wichí de 12 años violada en el norte salteño.

Se trata de medidas que no se tramitaron desde un inicio como lo son la toma de muestra a los acusados, autopsia al cuerpo del bebé, inspección ocular y testimoniales. Son 14 medidas de pruebas que buscan completar y avanzar la investigación.

En su remplazo fue designado el fiscal penal 2 de Tartagal, Pablo Cabot. Se le encomendó una investigación preliminar a fin de determinar las posibles responsabilidades penales de otros operadores respecto a la no implementación de la Guía de Aborto No Punible.

El juez de la Corte, Abel Cornejo, presentó un pedido de Jury para remover al fiscal Armando Cazón y al juez Mariscal Astigueta que instruyen en la causa.

Luego de los múltiples cuestionamientos a la justicia y al ejecutivo provincial por el caso de la niña de 12 años, el Presidente del Consejo de la Magistratura, dio a conocer un requerimiento para investigar las actuaciones del juez Mariscal Astigueta y el fiscal penal Armando Cazón.

Fue la conclusión de la Cámara Baja luego de la presentación del informe de la comisión de Derechos Humanos sobre el caso de la niña de 12 años. “En el primer tramo de la denuncia no se cumplió con nada, ni el Ejecutivo cuando se entera a través de Salud” sostuvo Manuel Santiago Godoy.

Peritos del CIF trabajaron en el Hospital Materno Infantil y extranjeron una muestra del cordón umbilical de la beba que habría nacido tras un abuso sexual de una niña de 12 años.

Una nena de 14 años de edad, amiga de la pequeña de 12 años que fue violada por ocho hombres en el paraje Alto La Sierra, contó ayer este ataque y señaló, con nombres, a cada uno de los ocho que participaron del hecho.

Álvaro Ulloa, elevó a la sede central del organismo una denuncia por discriminación contra los ministerios de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos y Justicia. “No se trata de un error aislado, sino sistémico” agregó.