Justicia Por: InformateSalta09/02/2021

Confirman la condena a prisión de Ferro Podestá por una agresión en 2017

Foto: Archivo.

Fue por octubre del 2017 cuando InformateSalta se hacía eco de la imputación de Carlos Rodolfo Ferro Podestá por los delitos de lesiones y amenazas al abogado Pablo Ibáñez, cuando éste salía de una emisora radial de la ciudad de Joaquín V. González, donde acudió para ser entrevistado en torno a supuestas maniobras ilícitas.

Cabe recordar que Ibañez supo indicar que al salir a la puerta de la emisora, se hizo presente Ferro Podestá, por entonces pareja de la abogada Dana Segovia. Dicha letrada había sido mencionada por Ibañez en la entrevista radial como implicada en supuestas maniobras ilícitas que denunció.

Tras descender de un automóvil, el acusado comenzó a darle puñetazos en la cabeza, alrededor de 15 golpes, lesiones que lo dejaron prácticamente desvanecido en el piso. Tras la agresión, Ferro Podestá se dio a la fuga e incluso permaneció en la clandestinidad por cinco días. Finalmente fue imputado por los delitos de lesiones en concurso ideal con amenazas.

Ahora, los jueces de la Sala III del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo y Guillermo Polliotto, confirmaron la sentencia que condenaba a Carlos Rodolfo Ferro Podestá a la pena de seis meses de prisión efectiva, y ordenaron su inmediata detención.

La sentencia a prisión para Podestá había sido realizada por la jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Carolina Poma Salvadores, declarándolo autor de los delitos de desobediencia judicial (un hecho), lesiones y amenazas en concurso real, y había ordenado que continúe en libertad cumpliendo reglas de conducta.

En el caso de este nuevo fallo, los jueces consideraron que con las pruebas que fueron incorporadas al debate, además de las agresiones y lesiones ocasionadas, resultó clara la conducta renuente del acusado en este contexto de género. Además afirmaron que en el caso concreto se ventila un asunto de violencia contra la mujer, lo que actualiza una serie de deberes por parte del estado de actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar hechos de tal naturaleza.