Reforma Penal Juvenil: “La prisión del menor, debe ser una medida de última instancia”
En el marco del debate por la Reforma Penal Juvenil y la posible baja en la edad de imputabilidad, el asesor de Incapaces N° 2 de Orán, Dr. Cristian Babicz, sostuvo que el proyecto establece criterios claros respecto al alojamiento y la privación de la libertad de adolescentes en conflicto con la ley.
“El proyecto de ley prevé que un adolescente infractor no puede compartir su espacio físico de alojamiento con personas mayores. Eso está expresamente planteado”, explicó Babicz en diálogo con InformateSalta, al referirse a uno de los ejes centrales de la iniciativa.
En ese sentido, remarcó que la privación de la libertad debe ser un recurso excepcional. “La prisión del menor debe ser una medida de última instancia. Hay que agotar todas las instancias previas antes de privar a un menor de su libertad”, afirmó.
Según detalló, la detención preventiva solo puede justificarse por razones estrictamente procesales, como el riesgo de fuga o la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. “La privación de libertad tiene que estar basada en un riesgo procesal concreto, no puede aplicarse de manera automática”, indicó.
"Hay que agotar todas las instancias previas antes de privar a un menor de su libertad"
Babicz también señaló que el proyecto contempla una amplia gama de medidas alternativas a la prisión, orientadas a que el adolescente asuma la responsabilidad por el hecho cometido. “Las opciones van desde amonestaciones, prisión domiciliaria, prisión vigilada, prohibición de concurrencia a determinados lugares o incluso la prohibición de contacto con la víctima. Todo eso deberá ser evaluado por el juez de menores al momento de imponer una sanción”, explicó.
Respecto a la infraestructura necesaria para cumplir con la separación entre menores y adultos, el asesor advirtió que cualquier reforma de este tipo requiere respaldo presupuestario. “Toda reforma como la que se plantea necesita presupuesto. De lo contrario, será algo meramente dogmático, una ley que se apruebe pero que no pueda aplicarse”, sostuvo.
Actualmente, la provincia cuenta con centros especializados para menores tanto en Capital como en el interior. Sin embargo, Babicz alertó que, de concretarse la baja de la edad de imputabilidad, estos espacios podrían resultar insuficientes. “Si se incrementa el número de adolescentes que deben ser alojados, los centros existentes deberán ampliarse o habrá que crear nuevos. Hoy están pensados para una capacidad determinada”, explicó.
Finalmente, consideró que la respuesta en materia de infraestructura y recursos deberá provenir del Poder Ejecutivo provincial. “Ante un eventual aumento de adolescentes alojados, el Gobierno tendrá que dar una respuesta acorde a esa nueva realidad”, concluyó.