El Concejo Deliberante le tiró las orejas a la Legislatura

De forma unánime fue sancionada en la última Sesión Ordinaria, una Declaración que solicita a la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Salta, garanticen el derecho de las fuerzas políticas opositoras en el debido cumplimiento de nuestra Constitución Provincial y Ley Provincial Nº 7.103, respetándose el cupo previsto para la oposición en la composición de la Auditoría General de la Provincia.

La iniciativa detalla en sus Considerandos que la Auditoria General es un órgano colegiado, con independencia funcional, administrativa y financiera, cuya función es el control posterior y auditoría de la gestión de la Hacienda Pública Provincial y Municipal. Su reglamentación surge de la Ley Provincial Nº 7103, la que fija también que deberá estar integrada por cinco miembros, de los cuales, al menos dos, deberán reflejar la propuesta de los diputados de la oposición política. Integración que busca garantizar el trabajo efectivo de control y auditoría.

Se destaca además que la inobservancia en las características de la composición, implican no sólo un incumplimiento de gravedad institucional insoslayable, sino la desnaturalización del organismo y sus funciones.

Se entiende esta declaración como un tirón de orejas del órgano legislativo municipal al Poder Legislativo Provincial, el primero dominado por partidarios al intendente Gustavo Sáenz, mientras que en la Legislatura el urtubeicismo es mayoría.

La vacante en la AGP  por el fallecimiento de su presidente, Oscar Salvatierra, pretende ser cubierta por el oficialismo que propone en su reemplazo a Mariano San Millán (actual diputado del PJ). Desde el bloque "Salta nos Une", a través de Guillermo Martinelli, propone a Martín Díez Villa. Este último también había sido impulsado cuando se debió cubrir otra vacante en la AGP, la que recayó en Gustavo Ferraris, vinculado al romerisno, sector integrante de Salta Nos Une.