El gobierno nacional emitirá una Decisión Administrativa (DEA) este viernes con una serie de medidas para combatir la llegada de la segunda ola de COVID-19. Entrarán en vigencia a partir del próximo sábado con el objetivo de desalentar los vuelos al exterior durante la Semana Santa.
El objetivo del Gobierno es que haya la menor cantidad posible de viajes durante la celebración religiosa, momento en el que muchos ciudadanos suelen viajar por el país o al exterior, que en este caso es lo que más preocupa. Por eso la decisión de que las medidas comiencen a regir este fin de semana.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó esta tarde en una entrevista televisiva que la decisión administrativa se conocerá este viernes, aunque en la Casa de Gobierno no descartaban que se publique antes de que finalice el jueves.
Aún restan definir algunos mínimos detalles pero ya están estipuladas cuatro medidas centrales que marcan el principio de la lucha contra la segunda ola de coronavirus. En los últimos días hubo múltiples reuniones en Balcarce 50 en las que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la titular de la Secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra, la titular de la cartera de Salud, Carla Vizzotti; el ministro de Transporte, Mario Meoni; y autoridades del Ministerio de lnterior.
Se restringirán al mínimo los vuelos provenientes de Brasil, donde circula a toda velocidad la cepa Manaos, una de las más contagiosas y que genera máxima preocupación en el Ministerio de Salud. Además continuarán prohibidos los vuelos provenientes de Reino Unido, Italia, Países Bajos, Australia y Dinamarca, países donde se había detectado una de las nuevas cepas.
Otra de las medidas, como adelantó Infobae el martes, será la obligación que tendrán todas las personas que ingresen al país de realizarse un testeo para determinar si están contagiadas o no con coronavirus. Será un PCR que deberá pagarse cada uno de los que vuelvan a la Argentina.
La tercera medida va de la mano del resultado de ese análisis. En el caso de ser positivo, las personas deberán cumplir con una cuarentena obligatoria de 10 días, que se llevará a cabo en el domicilio declarado legalmente. El control del cumplimiento quedará en manos de las autoridades provinciales y municipales, que deberán hacer un seguimiento pormenorizado de cada caso.
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