El juez federal Medina se declaró competente en la causa del hangar

Según trascendió, Medina admitió la facultad legal del juez provincial que lleva la causa contra Romero de apelar su decisión ante la Corte Suprema de la Nación, para mantener su competencia. Pero entre una diligencia y otra, los analistas estiman que hasta la resolución del máximo tribunal de Justicia, podría pasar más de un año.

De esta manera, el ex mandatario acertó en su estrategia de eludir el juicio oral y público por esta causa y con ello dilatar el escarnio de sentarse ante un tribunal para responder por supuestos hechos de corrupción cometidos durante su mandato.

Hace pocos días, la infanta Cristina de Bourbon logró evitar recorrer los 70 pasos del “paseíllo” en la famosa rampa de los tribunales mallorquinos, pero no pudo evitar el ametrallar de las cámaras y flashes sobre su figura. Cerca de 300 periodistas acreditados en España seguían este acontecimiento que es noticia en casi todos los medios del mundo. La infanta debió presentarse a declarar por su posible participación en delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Con mucho menos linaje, el ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, también intenta desde hace meses eludir la exposición pública que registre la temida foto de su ingreso a Tribunales para declarar en las causas que lo imputan en hechos de corrupción. Así como buscó asilo en sus fueros para evitar citaciones indagatorias, su más reciente estrategia fue requerir el pase a la Justicia Federal de la causa abierta por la cesión irregular de un hangar del aeropuerto local a una empresa familiar.

Un dictamen del fiscal Ricardo Toranzos, ratificó la competencia de los tribunales locales, pero no logró inducir al juez federal Miguel Medina, a pronunciarse en el mismo sentido . El argumento de la defensa del ex mandatario provincial, a cargo del abogado Oscar Guillén, planteó que el aeropuerto ocupa un terreno que pertenece al Estado Nacional y que fue dado en comodato a la Provincia. Guillén supuso que los hechos que se imputan podrían haber afectado intereses de la Nación, antes que a la provincia.

En esta causa, Romero está acusado por negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación en perjuicio de la administración pública.

“No se si la justicia federal va a beneficiar a Romero –dijo Guillén al ser consultado por este medio sobre eventuales suspicacias generadas en torno a su presentación. Es el fuero que corresponde”, concluyó
En su dictamen, Toranzos entendió que los derechos de “uso y goce” concedidos por Romero durante su gestión como gobernador a la empresa La Represa, que preside su hijo Juan Esteban, afectan los beneficios económicos de la provincia y que los “intereses nacionales” no se encuentran en riesgo.

El fiscal recordó que el hecho reprochable consistiría en la emisión de decretos y disposiciones de la Dirección de Aviación Civil que formalizaron contratos de concesión entre ese organismo y las firmas Royal Air S:A, Andes Líneas Aéreas S.A y Finca de la Represa, aunque la conducta indebida solo se imputa a esta última.

Puntualmente, Toranzos expresó que “el derecho de uso sobre el predio cuestionado forma parte del erario público provincial, máxime si se advierte que es la única y real beneficiada por la obras de construcción que efectuará el comodatario en dichas instalaciones una vez que se interrumpa o culmine el contrato celebrado”.

En la causa del hangar también están imputados el ex secretario general de la Gobernación, Raúl Romeo Medina y el ex director de Aviación Civil de la Provincia, Ricardo Funes. En noviembre del año pasado fue elevada a juicio oral y público tras una minuciosa investigación a cargo del fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Akemeier. Durante el proceso se constató que La Represa, en realidad era una firma controlada por Avión Sur S.A, que resultó ser propiedad del propio Romero. Por ahora, Romero sigue esquivando su “paseíllo” y la foto tan temida.

Por Hector Ali 

Fuente: FM Aries