Piden el juicio contra el médico De la Arena por el cobro del plasma

Aún es recordado que al llegar la primera ola de coronavirus a Salta y las muertes que estaban suscitándose, hubo una intensa búsqueda de plasma de recuperados de la enfermedad para usar como paliativo a los pacientes para que estos se recuperaran.

En medio de esta situación se generó un escándalo por la supuesta venta de plasma, luego de que trascendieran las notificaciones con la firma del centro privado Hemosalta en las que se pretendían altas remuneraciones por acceder al tratamiento con este componente. De las últimas noticias por este caso figuraba que en octubre del año pasado el doctor Martín De la Arena, gerente de Hemosalta, era imputado.

A casi un año de esta situación, ahora se dio a conocer que la fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Inés Odorisio, pidió la elevación a juicio contra el médico acusado por tentativa de fraude a la administración pública y por tentativa de estafa, todo en concurso real.

De la Arena se defendió: “Aquí no hay nada raro, se cobra el procesamiento del plasma y los honorarios”

Según informa el sitio Fiscales Penales la fiscal solicitó el sobreseimiento del doctor por el delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función. No obstante y sobre los hechos de fraude, se basó en la declaración testimonial de distintos funcionarios, informes y documentación brindados por organismos, como así la investigación realizada por el Cuerpo de Investigadores Fiscales.

Entre los argumentos sobre los que se basa el pedido a juicio contra De la Arena, se encuentran las pruebas de que el doctor, como socio gerente de Hemosalta SRL, para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario y siendo prestador de la obra Social IPS, solicitó en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de plasma por un valor mayor al código nomenclado.

La primera presentación fue rechazada ya que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS.

Es así que la fiscalía consideró que con estas acciones se buscó que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. “El ardid desplegado consistió en intentar que la ART realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo, de esta manera la ART, en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía”, manifestó la fiscal al pedir el juicio.