Este mediodía, en una audiencia de formalización de la investigación penal, el juez Federal de Garantías N°1 Julio Bavio declaró la competencia federal de un caso de secuestro extorsivo seguido en contra de cuatro personas detenidas en los últimos días.
A instancia de los planteos realizados por el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, el magistrado también declaró la legalidad de las detenciones de los acusados, identificados como Héctor Joaquín Rodríguez, Ezequiel Maximiliano Toledo y los hermanos Franco Gerónimo y Héctor Mario Campo.
Asimismo, hizo lugar a la imputación penal por el delito de secuestro extorsivo agravado por la condición de la víctima (mayor de 70 años) y por la participación de tres o más personas en el hecho. A Toledo y Héctor Mario Campo, en tanto, le sumó el delito de resistencia a la autoridad agravada.
Además, dictó la prisión preventiva de los cuatro imputados por la naturaleza y gravedad del hecho, el riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso penal y la expectativa de pena desfavorable para los acusados.
Asistido por los investigadores Carolina Aráoz, Nicolás Dubois y Pablo Carraro, el fiscal detalló cómo los acusados llevaron adelante el secuestro de un empresario transportista, hecho que causó gran conmoción en esta ciudad, ya que se trata de una modalidad delictiva prácticamente inexistente.
Sostuvo que la víctima fue captada cuando se dirigía a su trabajo en una camioneta Mercedes Benz, la que conducía por la ruta 26, en la zona este de la ciudad, como lo hacía todas las mañanas. A sabiendas de ello, dos de los acusados se vistieron de policías e instalaron un control vehicular, maniobra que les sirvió para tomar cautivo al empresario.
Premeditado
En su plan delictivo, los acusados le taparon el rostro a la víctima y dieron varias vueltas en busca de desorientarlo, tras lo cual lo llevaron hasta una vivienda en el barrio Los Paraísos, ubicado en la misma zona, donde lo mantuvieron cautivo.
Sobre este domicilio, el fiscal explicó, mediante una proyección digital, que Franco Campo había acordado con la dueña de la casa el alquiler de un cuarto, para un familiar, acuerdo que realizó un día antes, el 29 de noviembre. Esta acción demostró la logística puesta en marcha por los acusados, quienes actuaron de acuerdo a un plan previamente diagramado y al cual se ajustaron.
“En esta casa, los imputados le pidieron al empresario una suma de 50 millones de pesos de rescate, pero la víctima les dijo que era imposible, por lo que bajaron el monto a cinco”.
Fue así como, desde el teléfono de Toledo, llamaron ese mismo día, a las 13:42 a un hijo del empresario, quien, bajo instrucciones de sus secuestradores, le pidió los 5 millones de pesos y argumentó que los necesitaba para cerrar un negocio que estaba por realizar con personas de Jujuy.
Este llamado, sin embargo, fungió como una alerta para la familia, la cual ya había iniciado la búsqueda del dueño de la empresa. El pedido de dinero fue totalmente inusual para los familiares, quienes dieron intervención a la policía.
Desde la Procuración General de la Provincia, se designó al fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio para la investigación del caso, como así también se tomó contacto con el fiscal general Eduardo Villalba, de la UFISA, puesto que se trata de un delito de competencia federal.
Toranzos, en tanto, encaró gestiones investigativas ante la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal.
El aporte de este organismo fue clave, ya que a partir de los sistemas técnicos que opera se logró realizar el seguimiento en tiempo real de los sospechosos. Además, y atento a la urgencia del caso, el fiscal solicitó las intervenciones telefónicas y seguimiento satelital, medidas que luego fueron avaladas por el juez de Garantías.
Así, se pudo establecer la zona de acción de los secuestradores. A ello, se sumó un par de llamados más del empresario a su hijo, en uno de los cuales logró alertar al mismo y en otra conversación se acordó la entrega del dinero en el mismo lugar donde había sido captado por los acusados.
Rescate
Dado que la víctima le pidió a su hijo que no fuera en persona a entregar el dinero, sino que envíe a un tercero, es que se designó a un policía -capacitado como mediador- para llevar adelante la entrega del dinero, circunstancia en que se produjo un hecho inesperado.
Un patrullero de la policía, que no era parte del operativo de rescate, divisó en la zona demarcada un auto VW de color negro que tenía la chapa patente tapada con una cinta, por lo que procedió a detenerlo y trasladó a los dos ocupantes a una dependencia policial de la zona, siendo los demorados Rodríguez y Franco Campo.
Ambos acusados, se habían instalados para vigilar el intercambio del dinero por el empresario, lo que tampoco se concretó debido a que Toledo y Héctor Mario Campo, quien se movilizaban la camioneta de la víctima, decidieron cambiar de rumbo porque presumían que había policías de la Brigada de Investigaciones. No obstante, por los datos aportados por la DAjuDECO se pudo localizar el rodado en la zona, dándose inicio a una persecución.
“En un momento, uno de los vehículos de la policía, logró ponerse por delante de la camioneta y un comisario descendió para obligarlos a detenerse, pero los dos secuestraron avanzaron contra el efectivo, quien logró hacerse a un costado para evitar ser arrollado”, contó el fiscal.
La persecución continuó por unas calles más hasta que finalmente, y por una mala maniobra del conductor, se estrelló contra la pared de una casa, en el barrio Ampliación de Parque la Vega, oportunidad en que Toledo y Campo se dieron a la fuga, siendo el empresario rescatado sano y salvo.
Posteriormente, se logró la detención de Toledo, en su vivienda, ubicada en la zona sur de la ciudad, en tanto, que Héctor Mario Campo se entregó.
Amén de ello, el fiscal Toranzos dirigió una serie de allanamientos, los que permitieron determinar la casa donde el empresario estuvo cautivo y la recolección de otras pruebas calves para el caso.
A partir de este relato, respaldado por numerosas pruebas, la fiscalía no tuvo inconveniente para probar la participación de los detenidos en el hecho, incluso le permitió sustentar el pedido de prisión preventiva, el que fue cuestionado por la defensa de Toledo, que buscó que su cliente sea beneficiado con un arresto domiciliado, pero sin éxito.
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