Aborto en Tartagal: “Meterme presa a mi, imposilitaría el cumplimiento de la ley”

La médica acusada de realizar un aborto en contra de la voluntad de una paciente brindó una conferencia de prensa acompañada por su abogada y diferentes funcionarios, concejales y diputados. En este contexto la abogada defensora, Paula Tkaczek, enfatizó “vamos a seguir exigiendo el sobreseimiento”.

A través de una transmisión realizada en vivo por la página FeministasTartagalIVE un panel compuesto por diferentes personas y funcionarios. La médica Miranda Ruiz, quien esta acusada de realizar un aborto sin consentimiento de la paciente, comentó que: “La fiscalía asegura que fue sin consentimiento informado pero no me explica como obligué a la persona a abortar”.

La especialista continuó explicando que el proceso “fue discutido con la gerencia de la salud, fue discutido con el supervisor de salud sexual y reproductiva de la Provincia de Salta, fue también autorizado por el jefe de ginecología y obstetricia. Todo eso esta escrito en la historia clínica”.

Aborto en Tartagal: “No está probado que hubo arrepentimiento por parte de la paciente”

“Soy la única médica a cargo del consultorio de demanda espontánea e interrupción voluntaria del embarazo. Meterme presa a mi, imposibilitaría el cumplimiento de la ley”, continuó la mujer que agregó que desde el Colegio de Médicos no ha recibido ningún documento.

“Vamos a darle el último voto de confianza a la justicia”

A pesar de las acusaciones en su contra y de encontrarse en el foco de la opinión pública durante este tiempo, Ruiz afirmó que “la zona de Tartagal siempre me ha tratado muy bien, caminando por la calle la gente me demostraba su apoyo”.

Una de las representantes legales con las que cuenta la profesional de la salud, Paula Tkaczek explicó que “la justicia penal se basa fundamentalmente en pruebas. Si hay relato y no hay pruebas, no hay nada” y agregó: “Está todo en la historia clínica y en los testimonios de otros profesionales de la salud que intervinieron”.

Continuó: “Vamos a darle el último voto de confianza a la justicia”. La ley que busca asegurar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) “es una ley de orden público, es decir que es obligación aplicarla”.

Para la defensa el tema es complejo ya que “Como cualquier práctica necesitamos el consentimiento informado. Si la justicia va a comenzar a cuestionar los consentimientos informados estamos poniendo en peligro toda la práctica médica. No estamos afectado solamente el derecho a las mujeres a decidir sino todas las prácticas médicas”.