Aborto en Tartagal: “No está probado que hubo arrepentimiento por parte de la paciente”

Paula Tkaczek, abogada defensora de la médica Miranda Ruiz, imputada por practicar un supuesto aborto sin consentimiento, dialogó con radio CNN Salta -94.7 MHZ- y aseguró que está comprobado que la joven de 22 años que solicitó la interrupción legal de su embarazo estuvo siempre informada sobre el procedimiento y accedió a someterse al mismo.

Ayer, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, amplió la acusación contra la profesional. “Esta imputación fue para modificar la caratula del expediente de la investigación por parte del fiscal. Pasamos de un aborto con consentimiento, como estaba primeramente calificado por parte de fiscalía, a un aborto sin consentimiento. Esto es porque el fiscal ha tenido una mirada parcial en la valoración de las pruebas”, explicó la letrada.

La abogada hizo una diferenciación entre la interrupción voluntaria del embarazo, que aplica hasta la semana 14, “es decir que no necesita ningún tipo de autorización, la paciente se acerca al hospital y manifiesta su voluntad. La interrupción Legal del embarazo necesita causales, uno puede ser por abuso sexual o que esté en peligro la salud integral de la persona gestante. En este caso estamos en el causal salud”.

La querella se basa en que hubo arrepentimiento por parte de la paciente. “Esto no está probado, ella manifestó voluntariedad al momento de ir hasta el hospital y solicitar el procedimiento. Hay que dejar claro que este procedimiento en particular es autoadministrado, es decir que se administra con medicamentos que la paciente tiene que tomar que tiene que mantener por determinado tiempo dentro de la boca. Está firmado e incorporado a la historia clínica el consentimiento informado. La internación también es voluntaria, está en un sector de la maternidad que tiene una entrada y salida”.

Tkaczek señaló que para determinar la causal interviene un equipo interdisciplinario donde participaron la trabajadora social del hospital, la psicóloga, el equipo médico, y a partir de ahí se determina la legalidad del procedimiento, todo está en el expediente. “Es una médica residente que si o si debía pedir autorización. Vamos a seguir insistiendo con el sobreseimiento porque se realizaron todos los protocolos como corresponden, no hubo delito”, dijo.