Lo que comenzó siendo una disputa entre tabacaleras y continuó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia se ha convertido desde entonces en un curioso caso que tiene a la AFIP frente a la posibilidad de cobrar $ 100.000 millones.
La disputa judicial en cuestión tiene como protagonista a Tabacalera Sarandí, una de las compañías del sector con mayor mercado, que durante años y con el aval de la Justicia no pagó el impuesto interno que se le aplica al resto de las empresas con las que compite.
Sin embargo, en mayo del año pasado la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la cautelar del fuero en lo contencioso administrativo que le permitía a Sarandí no pagar el tributo y, así, habilitó a la AFIP a cobrárselo.
Desde entonces, no obstante, el ente recaudador no aplicó el gravamen ni tampoco se presentó a reclamar el pago de esa deuda, que asciende a unos $ 100.000 millones. Consultadas por Clarín, fuentes de la AFIP negaron que el organismo "no reclame el cobro de las obligaciones impagas".
Y detallaron: "Durante esta gestión se iniciaron todas las acciones administrativas tendientes a determinar y cobrar las deudas. La AFIP actúa a través de los procedimientos previstos en la normativa”.
Sobre el fallo de la Corte Suprema, sostuvieron: "A partir de allí la AFIP avanzó con la determinación y reclamo de la deuda acumulada". Y finalizó: “Asimismo, cuando se detectan nuevas irregularidades se inician las acciones necesarias para reclamar el cumplimiento de las obligaciones”.
Una disputa de larga data
La aplicación del tributo a Sarandí, firma que comercializa la línea de cigarrillos Red Point, a Espert -que vende Melbourne- y a Bronway -dueña de Pier- es un reclamo que vienen planteando las principales jugadoras del mercado, que sí lo pagan, Massalin Particulares y British American Tobacco -ex Nobleza Piccardo- y sobre el que terminó decidiendo la Corte hace 11 meses.
De acuerdo a un informe del sector, al no haber pagado el tributo en estos años, las firmas involucradas pasaron de tener una participación minoritaria en el mercado a abarcar más del 30%, ya que comercializaron sus productos a precios mucho menores que quienes sí lo tributaron.
En una resolución de diciembre 2021, AFIP modificó la forma en la que se cargan los impuestos, no dando opción a las tabacaleras a pagar por un valor menor al impuesto mínimo. En la actualidad, las principales empresas del sector que pagan el tributo cobran un paquete de 20 cigarrillos a $ 285, de los cuales tienen que abonar $130 en concepto del impuesto mínimo.
A partir de esa nueva reglamentación de AFIP, ninguna tabacalera podría pagar menos de $ 130 de impuestos internos por marquilla. Sin embargo, las compañías que aún no pagan el arancel comercializa el atado de cigarrillos a mucho menos que el resto: el Red Point Menthol, por ejemplo, se vende a $ 70.
El impuesto mínimo fue creado en 2004, en la presidencia de Néstor Kirchner, con el objetivo de evitar la evasión en el mercado tabacalero y también para acrecentar la recaudación de las provincias. En 2008 fue el Congreso el que lo convirtió en ley y en 2017 el gobierno de Mauricio Macri, reforma tributaria mediante, definió que el arancel se calculara de manera fija y no por porcentaje, y que se ajustara por inflación.
Cuánto deja de recaudar el Estado
En los últimos cuatro años, aseguran fuentes sectoriales, el Estado nacional dejó de recaudar US$ 1.650 millones, mientras que sólo en 2022 la pérdida de recursos alcanzaría los US$ 580 millones. En ese contexto, Sarandí, empresa con la que AFIP judicializó el tema ante la Corte en su momento, ya adeuda más de $ 100.000 millones.
La falta de una decisión de parte de AFIP genera preocupación en las provincias tabacaleras, ya que de los impuestos que rigen al sector, un 8% del precio de la venta de cada atado de cigarrillos se incorpora al Fondo Especial del Tabaco. Debido a la baja en la recaudación de impuestos por parte del Estado, quedan afectadas directamente las principales provincias productoras, Jujuy, Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca y Corrientes.
En línea con el cálculo de los US$ 1.650 millones que dejaron de ingresar a las arcas nacionales, unos US$ 940 millones no los perciben las provincias, US$ 153 millones se recortan de los ingresos del sistema de previsión social y unos US$ 560 millones no ingresan al Tesoro para cubrir gastos presupuestarios del Gobierno nacional.
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