El ex concejal Fernando Ruarte utilizó electrodomésticos de PAMI para su campaña política

La Justicia Federal continúa la investigación por malversación de fondos por parte de los ex gerentes de PAMI, Verónica Molina y de ANSES, Marcos Vera, a quienes se les amplió la imputación tras la verificación de denuncias por parte de dos gerentas de la misma obra social por un aporte de 20% de los sueldos para contribuir a La Cámpora.

En diálogo con InformateSalta, el fiscal de la causa, Ricardo Toranzos, detalló que en el transcurso de las averiguaciones, se determinó que Aduana había donado a PAMI un poco más de 1500 electrodomésticos para ser entregados a sus afiliados, especialmente a aquellos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.  

“Cuando se hace la verificación de la documentación que avalaba eso, se encuentran aproximadamente 700 actas, se saca un muestreo de 80 personas que se verifica si es que realmente habían recibido los electrodomésticos. Cuando se hace la entrevista de cada uno de ellos, una tercera parte dice no haberlo nunca al electrodoméstico de parte de PAMI, por lo que dicen que esas actas serían apócrifas. El otro 30% plantea que lo recibió y lo llamativo es que el tercer 30% plantea que lo recibieron pero no del PAMI sino en un acto proselitista de la campaña de un concejal que tenía que renovar su mandato”, dijo.

Justicia Federal: Los ex titulares de PAMI, ANSES y un ex concejal cada vez más complicados

En este sentido, aseguró que el concejal en cuestión es el ex edil capitalino Fernando Ruarte y publicitaba que entregaba los electrodomésticos junto con los gerentes del PAMI. “Esto estaría prohibido porque el organismo estatal no puede comprometerse ni favorecer a terceros ni tampoco apoyar la campaña de alguien, porque es un organismo que no tiene que tener un color partidario”, indicó.

Con todos estos elementos es que se amplió la imputación de Molina, Vera, se incluyó a dos funcionarios intermedios, Diego Jesús Albornoz y Gustavo Emilio Gerónimo y también de Ruarte, quien si bien no era funcionario de PAMI, se habría beneficiado con la utilización incorrecta de los electrodomésticos.

“En principio, estas conductas se encuadras en el delito de malversación de caudales públicos, es decir, cuando un funcionario recibe un bien que lo tiene que administrar y disponer en pro de un deber que le da su calidad de funcionario público y altera el destino. Lo hace para beneficio propio, para beneficio de terceros. El otro delito que se le achaca, se llama peculado que es la utilización para provecho de bienes provenientes del Estado. Estos delitos no solo tienen pena de prisión sino también de inhabilitación para ejercer cargos públicos o ser funcionario”, explicó.

Finalmente, adelantó que la investigación va a continuar con el muestreo del resto del universo de personas hasta completar el listado correspondiente de los supuestos beneficiarios de los electrodomésticos.