Empresarios y comerciantes de pirotecnia expresaron su malestar por la aprobación de la Ley de pirotecnia sonora cero en Salta y cuestionaron que no se accione contra otras fuentes de contaminación acústica.
“Quienes viven en la provincia de Salta, a lo largo del año, conviven con sirenas, campanadas, cánticos, peñas, herramientas, truenos, motos, escapes y muchas otras fuentes de ruido, pero para celebrar durante 20 minutos dos veces al año y en un contexto festivo, no pueden elegir hacerlo con un producto de bajo impacto sonoro que no afecte a nadie con hipersensibilidad auditiva”, expresó mediante un comunicado de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa) y replicado por El Tribuno.
Sostuvieron que la Ley va "en contra de los salteños y a favor de la venta clandestina" y consideraron que a los legisladores no les importan las 3500 personas que trabajan y viven en la provincia de la industria de los fuegos artificiales. Remarcaron que la actividad se sustenta en la Ley Nacional 20.429, que autoriza y regula la actividad en todo el país.
La Ley que aprobó la Cámara de Senadores el jueves prohíbe cualquier artículo que genere sonido, cualquiera sea su duración y el nivel de sonido que genere. De esta forma, solo queda habilitada la pirotecnia lumínica. “Pretenden que las luces lleguen al cielo de manera muda", remarcaron desde la Cámara y cuestionaron que se hayan establecido "penas gravísimas por vender un producto legal".
Desde la Caefa aseguran que el proyecto está redactado "con absoluto sesgo y desconocimiento de la actividad y que llega al espacio legislativo para ser votado como una solución mágica". Sostienen que "favorece la radicalización de posturas, confunde a la opinión pública y demoniza la actividad comercial". “Sin sonido, no hay pirotecnia, no hay fuegos artificiales, no hay luces”, dicen en comunicado.
Explicaron que realizaron sugerencias y aportes desde el sector industrial pero que fueron ignoradas. Además, hablaron de una "utilización política" del tema.
“Es una ley que, basada en grandes imprecisiones y falacias, que pretende resolver la convivencia social con una prohibición total de productos autorizados y homologados en ensayos realizados para garantizar la seguridad de uso y funcionamiento”, señalaron.
Refieren que la norma impedirá el normal desenvolvimiento del sector comercial, discriminará las posibilidades de crecimiento e inversión en la provincia y favorecerá la reaparición del comercio clandestino, con productos inseguros, y aumentará el contrabando de países limítrofes.
“Empatía es ponerse en el lugar del otro y brindar soluciones posibles dentro del marco regulatorio legal. No lo es aniquilar derechos a unos para mostrarlo como conquistas para otros”, finalizaron.
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