Miles de fojas, cajas con documentación y cuatro oficiales de la Armada señalados como los responsables del siniestro del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y por el cual 44 tripulantes perdieron la vida al hundirse, es el estado en que se encuentra la investigación que lleva adelante el juzgado federal de Caleta Olivia a cargo de Marta Yáñez.
Mientras tanto, tampoco se definió si se avanza en el proceso penal sobre le ex presidente Mauricio Macri, quien era su ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el entonces jefe de Armada Marcelo Srur. Eso le pidió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a la jueza que lo determine y aún está pendiente.
En lo que hace al hecho en sí, están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado el marino Luis Enrique López Mazzeo (Comando de Adiestramiento y Alistamiento), Claudio Villamide (Comando de la Fuerza de Submarinos), Héctor Alonso (Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento) y Hugo Correa (Jefe del Departamento de Operaciones).
En cambio, por decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia se dio marcha atrás con los procesamientos de otros oficiales.
La hipótesis principal es que el hundimiento fue consecuencia de falta de mantenimiento del submarino.
En lo que hace al ex presidente Macri y demás ex funcionarios de su Gobierno, el reclamo de los familiares es que ellos debían estar al tanto del estado de funcionamiento del buque a raíz de una falta presupuestaria y el riesgo que implicaba en que navegara como lo hizo. Incluso, en la causa tanto Aguad como Srur declararon como testigos.
Otro punto a investigar es el supuesto ocultamiento de toda esa información posterior al accidente a los familiares de las víctimas.
En el extenso fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia también se ordenó una pericia técnica informática sobre imágenes tomadas del hallazgo del submarino ARA San Juan. El estudio está pendiente y busca determinar si hubo imágenes borradas o destruidas por la Armada de ese hallazgo.
El 7 de noviembre pasado el perito oficial le exigió al Consejo de la Magistratura que le envíe los recursos para llevar adelante el estudio y por eso está pendiente.
La jueza Yáñez resta que determine si se avanza en las responsabilidades políticas y, en ese sentido, sobre Macri, y, cumpliendo el ordenamiento de la Cámara Federal, le estuvo tomando declaración a los ex funcionarios de máxima confianza del ex presidente como Pablo Clusellas o José Torello, entre otros.
Un capítulo aparte es también definir si Macri estaba al tanto u ordenó tareas de espionaje sobre familiares de víctimas del hundido submarino. El juez federal de Dolores Martín Bava lo había procesado al ex presidente, pero a mitad de este año la Cámara Federal porteña dio marcha atrás con esa medida.
Según los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens el acercamiento de personal de seguridad de Macri o averiguaciones sobre sus actividades no eran otra cosa que para asegurar la seguridad presidencial.
Pero aún está pendiente también porque los familiares de víctimas apelaron y será la Cámara Federal de Casación Penal la que determine el futuro de la causa de Macri, y la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (liderada en ese entonces por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani). Fuente: Télam
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