Investigan a una inmobiliaria salteña por un presunto vínculo con una red de estafas

Sociedad 22 de noviembre de 2022 Por InformateSalta
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Se trata de una banda que opera en el norte del país, con ramificaciones en Salta, Jujuy y Tucumán y que incluso podría estar vinculada a servicios de créditos personales por fuera del sistema bancario y con idénticas modalidades mediante documentos apócrifos de supuesto respaldo fedatario.

La semana pasada, y a través de un minucioso trabajo de investigación, la Unidad de Delitos Económicos (UDEC), a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, logró la detención de 7 personas, entre ellas 4 hermanos, que fueron apresados en ocho operativos simultáneos, de donde se secuestró dinero, vehículos y originales de la documentación apócrifa entregada a las víctimas. Además, se inhabilitaron 21 cuentas bancarias, lo que demuestra la magnitud de la investigación y los alcances de la estafa.

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Los allanamientos fueron en la ciudad y el área metropolitana y no se descartan más detenciones en las próximas horas. Por el momento todos los detenidos están acusados de estafas reiteradas y la investigación demostró el "modus operandi" , donde aparentaban una inmobiliaria seria y solvente, ofreciendo los bienes mediante la presentación de falsos instrumentos que acreditaban la adquisición de inmuebles por parte del vendedor.

Además, los investigados se presentaban como asesores inmobiliarios, invocando a importantes empresas de la ciudad de Salta. La investigación, que viene desde el año 2020, descubrió también que las estafas se concretaban en tres etapas bien definidas: captación, interacción con las víctimas y el cobro en escribanías, donde se efectuaba la entrega de la documentación apócrifa.

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Este último punto llamó la atención de los investigadores, ya que una de las denuncias advierte que la escribanía de donde surge la documentación apócrifa es real y está ubicada en pleno macrocentro de la ciudad. Aunque la profesional de ese notariado desconoció su firma, admitió que era "la quinta vez" que la involucraban en esa estafa.

Para el caso, el fraude se concretó en el segundo boleto de compraventa, donde otra escribana "no verificó" la validez de este primer documento apócrifo y "solo certificó" la firma del segundo, entre el supuesto dueño y la víctima.

Es que el origen del delito consistía en simular una primera venta de la vivienda o terreno a partir del documento falso del verdadero dueño de la casa.

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De esta manera se pudo determinar que si bien las transacciones se realizaban frente a un escribano, las rúbricas eran distintas y la documentación falsa en el boleto original. Ante este hecho, se labró una circular en las escribanías de la ciudad, aunque los investigadores tampoco se alejan de que este podría ser otro elemento de la red de estafas.

Por otro lado, los peritos observaron también una sucesión de fraudes para lo cual se contaba con conocimiento en las gestiones inmobiliarias y acceso a información oficial. Prueba de ello es que los boletos de compraventa consignaban datos de sus verdaderos dueños, coincidentes con el número de catastro de la propiedad a la venta, que solo pueden ser suministrados desde la Dirección General de Inmuebles o contando con la cooperación de otra persona que tenga acceso a dicha información.

El contenido parcialmente cierto de la documentación ocultaba la maniobra y la hacía imperceptible ante las revisiones y comprobaciones por parte de las víctimas, otro elemento que hace suponer el trabajo de una amplia y especializada red en este tipo de delitos.

 

 

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