La ONG Será Justicia le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que ordene como medida cautelar que la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner no pueda ejercer cargos públicos por la ratificación de la condena en la causa de la obra pública en Santa Cruz. La entidad también reclamó que se inicie el decomiso de bienes que se ordenó en la causa y que se analice “la posibilidad” que de que se ordene la detención de la ex mandataria.
La ONG presentó hoy un escrito de 20 páginas en el que pidió ser considerada “Amicus Curiae” (amigo del tribunal) porque no forma parte del expediente. Lo hizo ante la Sala IV de la Cámara de Casación que hace 12 días confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo no está firme porque puede ser apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para lo que las partes tienen plazo hasta el 20 de febrero próximo.
Pero Será Justicia se presentó y pidió como medida cautelar que la prohibición para ejercer cargos públicos ya se aplique. Explicó que la Constitución Nacional en su artículo 36, establece que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
“La citada cláusula constitucional, no es más que la decisión del pueblo argentino a través de sus representantes, elegidos libremente para integrar la Convención Constituyente de 1994, de impedir el ejercicio de cargos públicos cuando mediaren actos de corrupción graves. Semejante prerrogativa, viene a consolidar una idea que se ha arraigado fuertemente en nuestra sociedad relativa al enorme daño que provoca la corrupción estatal al país, su cultura, su economía y a la calidad de nuestra democracia”, sostuvo.
La entidad agregó que ya hay un doble conforme de condena en el caso y planteó dos escenarios para dictar la medida: “Existen razones suficientes que la justifican. Una de ellas, dentro de las más salientes, es que la eventual intervención extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta ajena a cuestiones de hecho y prueba, de modo tal que los actos de corrupción verificados en autos en cabeza de Cristina Fernández no deberían ser modificados. Otra de las razones destacables es que, con esta disposición, se pretenden asegurar y garantizar los fines del proceso en sus últimas instancias, evitando maniobras que le faciliten su impunidad o posibles injerencias desde el poder en la actividad de la justicia”.
También señaló que si no dicta lo contrario, Cristina Kirchner podría ser candidata en las elecciones del año que viene “y, a partir de allí, obtuviera fueros parlamentarios que impedirían el futuro cumplimiento de la condena”. “Sumado a ello, su condición de presidenta del Partido Justicialista, cuyo bloque de senadores ostenta la mayoría del recinto, podría hacer recaer bajo sus designios -conforme dominio político que ejerce sobre sus miembros- la selección de uno o más integrantes del Máximo Tribunal de Justicia del país que, paradójicamente, deberán resolver su situación procesal”, agregó.
Otro punto que planteó Será Justicia ante la Cámara de Casación es que analice si la ex presidenta no debería ser detenida ante un posible riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación y citó como antecedentes reciente el del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y el del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, quienes fueron detenidos la semana pasada con una condena confirmada pero no firme en un caso de corrupción.
La entidad señaló que en el caso de Boudou su la detención se dio “con fundamento en la posible frustración del cumplimiento de la condena por el poder residual del que gozaba quien había sido Ministro de Economía cuando maquinó y ejecutó la maniobra y luego Vicepresidente del Gobierno de Cristina Fernández”.
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