Siguen las repercusiones de lo ocurrido este miércoles cuando organizaciones sociales y barrabravas de clubes deportivos se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, en las inmediaciones de Congreso, como resultado hubo decenas de heridos y más de 100 detenidos.
Novedad de las últimas horas fue que la jueza penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires Karina Andrade liberó a las 114 personas que fueron detenidas ayer, argumentando que las fuerzas de seguridad no aportaron información necesaria sobre las detenciones.
El medio Infobae replicó partes de la resolución de la magistrada quien, al momento de liberar a estos sujetos, aseveró que solo contaba con información “absolutamente deficitaria” de los detenidos. Según consideró, no le dijeron “el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a "los hechos del Congreso de la Nación".
Además, la letrada sostuvo que en la mayoría de los casos no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle.
La magistrada se quejó porque a medida que recibía información sobre las detenciones “se volvía más imprecisa”. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, relató.
Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en su caso, como mínimo”, explicó la jueza.
“Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”, explicó.
En el caso “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros” y que esos derechos “no pueden ser ejercidos de manera absoluta, que se encuentran limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio”, en esta línea agregó: "No obstante, parece importante destacar que esas leyes que reglamentan el ejercicio de derechos básicos no pueden alterar el sentido o espíritu mismo de esos derechos, tornándolos inoperativos y volviéndolos una ficción sin sentido práctico".
La novedad de esta liberación causó la reacción del Gobierno de la Nación, ante los argumentos esgrimidos no coultaron su enojo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, espetó que “si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”.
Desde el gobierno, estiman que el costo por los destrozos en la zona del Congreso asciende a $414 millones.
Por su parte el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, indicó que más de la mitad de los detenidos ostenta graves antecedentes penales. Asimismo, aseguró que cuentan con pruebas y seguirán la causa hasta las últimas consecuencias contra los responsables de los daños y la violencia que protagonizaron contras las fuerzas de seguridad.
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