Un juez analiza desalojar a Romero del hangar de la provincia que mantiene usurpado

Según trascendió, en su pedido, el fiscal penal, Rodrigo González Miralpeix, requirió al juez que haga efectiva la orden de desalojo de Romero, sus familiares y sus aeronaves del hangar, el cual ocupa ilegalmente desde que se fue del Gobierno.

Para el representante del Ministerio Público, la acusación penal en contra de Romero por los delitos de fraude y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública se encuentra avanzada, pues ya está a las puertas de ser tratado en un debate público.

Al respecto, la fiscalía recordó que el caso, iniciado a partir de una noticia crminis, superó ya todas las etapas previas al juicio. Desde un decreto de imputación penal hasta el requerimiento de juicio, éste último acto procesal confirmado por el juez de garantías 5, Héctor Martínez.

Asimismo, señaló que la misma Sala II del Tribunal de Juicio decidió impulsar el juicio, con lo cual existen fundadas pruebas del ilícito investigado. En vista de ello, el fiscal solicitó que se disponga del desalojo, pues caso contrario no se estaría cumpliendo con el primer párrafo del artículo 230 del Código Procesal Penal que obliga a la justicia hacer cesar la conducta delictiva del imputado.

Al respecto, González Miralpeix remarcó que “el Ministerio Fiscal no puede adoptar una posición pasiva y permitir que un delito consumado siga alcanzando consecuencias ulteriores”, las cuales son en desmedro del interés económico de todos los salteños.

Al respecto, cabe recordar que al señalar el perjuicio financiero de la apropiación del hangar por parte de Romero, el ex fiscal del estado, Ramiro SimonPadros, evaluó el daño económico para la provincia en la suma de 250 mil pesos.En vista de ello, el fiscal solicitó al juez Colombo, quien en abril pasado decidió reactivar la causa y disponer los preparativos preliminares del juicio, que ordene el desalojo de Romero y sus aeronaves del hangar que el senador nacional, y sus familiares, usurpan desde el año 2007, cuando el ahora candidato a gobernador, dejó el gobierno de la provincia.

La Corte avala el desalojo

De acuerdo a lo trascendido, en su planteo, el fiscal González Miralpeix hizo énfasis en una doctrina de la Corte de Justicia de Salta, la cual avala el desalojo solicitado por la fiscalía para los usurpadores del hangar. Se trataría del litigio que se originó a mediados de los años 90 en esta ciudad en torno al predio donde ahora funciona el Colegio Raúl Scalabrini Ortiz, en San Martín al 1700.

Según se pudo saber, se trata de un ilícito en el cual el acusado intentó explotar el predio, perteneciente al estado, como una feria. En ese tren, varios comerciantes compraron de buena fe los derechos locatarios, sin saber que el vendedor no estaba legalizado para dicha actividad.

Ante la posesión del predio, y el reclamo del estado, en el período en que Romero era gobernador, el ex juez de Instrucción Formal de Cuarta Nominación, Roberto Elio Gareca, ordenó el desalojo de los feriantes, medida que fue luego ratificada por la Corte de Justicia de la Provincia con duros términos.

Una maniobra iniciada en agosto de 2007, a pedido de La Represa

Días antes del dejar el gobierno, Romero concluyó una maniobra iniciada, en realidad, en agosto del año 2007, a partir de un pedido formalizado por una de sus empresas, Finca La Represa S.A., la cual estaba, en ese momento, presidida por su hijo, Juan Esteban Romero.

Según la acusación penal, el ex gobernador actuó de manera deliberada con el único objetivo de retener un privilegio propio de la gobernación. No sólo ello, sino que lo hizo a costa del dinero de todos los salteños, quienes se ven perjudicados a diario para que Romero pueda seguir gozando del hangar.

Para ello, y con la complicidad de su hijo y los ex funcionarios, Ricardo Funes y Raúl Romero Medina, quienes se desempeñaban como director de Aviación Civil y Secretario General de la Gobernación, Romero autorizó la adjudicación del hangar a la empresa de Finca La Represa S.A.

Esta empresa, según probó posteriormente el ex fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, era controlada por otra empresa: Avión Sur S.A., cuyo socio mayoritario es el ex gobernador, Juan Carlos Romero, con lo que quedó probada la maniobra ilegal desplegada para perjudicar al Estado.Por este hecho, el ex fiscal Akemeier, requirió el 29 de abril 2013 el enjuiciamiento de Romero y sus cómplices, pero el ex gobernador se valió de su ex hombre de confianza, el ahora juez federal 2, Miguel Medina, para plantear un litigio de competencia y frenar el juicio.

En abril pasado, sin embargo, el juez Colombo, en remplazo del vocal 2 de la Sala II del Tribunal de Juicio, Carlos Pucheta, quien se jubiló el año pasado, decidió impulsar el juicio. Esto le valió una oleada de recriminaciones y críticas de parte del defensor principal del ex gobernador, y sindicado también como responsable de todos los fracasos penales de Romero, el abogado, Oscar Pedro Guillén.

Fuente: Nuevo Diario de Salta