“Las maniobras existieron y fueron reconocidas”, el fiscal Espilocin complicó aún más al exjuez Parisi

Ayer se conoció la puesta en libertad del exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quien cumplió su condena, suerte que corrieron también Manuel Alderete y el abogado Roberto Ortega. 

El fiscal penal, Daniel Espilocin, comentó en CNN Radio Salta sobre esta resolución que se dio luego de la audiencia celebrada ante el tribunal de Juicio Sala 1 de la ciudad de Orán, que tenía como imputados al Dr. Roberto Ortega, abogado del fuero local, el señor Alderete que era empleado de la Defensoría de Violencia de Género y el exintendente de la localidad de Aguas Blancas, Carlos Martínez. 

Los imputados reconocieron su participación en los hechos que les fueron imputados, lo cual dio lugar a la formulación de acusación y se les impuso una pena de cumplimiento condicional: “Queda todavía juzgar a dos imputados, que es el exjuez Claudio Parisi y su secretario el Dr. Maximiliano Correa, quienes manifestaron su voluntad de someterse a juicio oral y público” explicó. 

Parisi hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva, mientras que Correa por cuestiones de salud cumple prisión domiciliaria. 

Durante la audiencia no solo se llevaron adelante las condenas y las confesiones de los acusados, sino que también se analizaron las pruebas presentadas y que iban a ser producidas durante el debate, que acredita no solo la materialidad del hecho, sino también la participación de los imputados. 

Quien reconoció en dos casos haber pagado una suma de dinero al magistrado y al secretario para obtener beneficios procesales para dos clientes, fue el Dr. Ortega, clientes que fueron César Daniel Martínez acusado de tentativa de femicidio obteniendo prisión domiciliaria y un imputado, Chaile, quien tiene actualmente una detención y está prófugo, acusado de homicidio culposo por conducción de muerte imprudente. Si bien el auto nunca apareció, el juez le otorgó detención domiciliaria, incumpliendo el uso de pulsera para monitorearlo, sin cumplir la orden se le dio la libertad.

En cuanto a la suma que habría sido pagada por el abogado por estos dos casos, no se pudo determinar. 

Cesar Daniel Martínez, además de la tentativa de femicidio, tenía una causa por violencia de género en contra de la misma victima y una causa por tráfico de estupefacientes: “Las tres causas estaban radicadas en el juzgado de Dr. Parisi”. 

En dos causas, las más “leves” se habia dispuesto prisión preventiva al acusado, mientras que en la tentativa de femicidio se le concedió la detención domiciliaria, sin revocar las prisiones preventivas de las otras causas. 

“Cuando el señor Martínez estaba cumpliendo su detención domiciliaria, fue asesinado por unos sicarios con el agravante de que cuando la fiscalía intentó, que todavía sigue en trámite la investigación de este último hecho, el doctor Parisi negó también de manera totalmente indebida los allanamientos para secuestrar teléfonos celulares y avanzar con la investigación de este hecho” manifestó el fiscal.

Espilocin reconoció lo positivo de los juicios abreviados y que a pesar de la complejidad de la causa y los obstáculos que pasaron, los fiscales pudieron enfrentar la investigación que concluyó en 4 meses, el plazo máximo que establece el Código Procesal. 

Consultado por los obstáculos que atrevesaron, dijo el fiscal que hubo negativas injustificadas de allanamientos, de secuestro de teléfonos celulares, siendo la clave el secuestro del celular de Carlos Martínez, ya que del mismo surge la extracción de datos que muestran que él habia recibido del abogado Ortega información y copias de un expediente judicial al que el abogado accedió indebidamente a raíz de una autorización que le otorgó Parisi. 

Si bien se habia autorizado los allanamientos, el juez Oyarzú, no autorizó el secuestro del celular y al no estar firme la sentencia, la fiscalía decidió secuestrar el objeto sin orden judicial, ya que el Código los autoriza en casos urgentes. 

“La razón de la urgencia había sido una sentencia de pésima calidad, la cual fue apelada y el Tribunal de Impugnación la revirtió, ratificó el secuestro del teléfono celular, y de la extracción de datos surgió toda la documentación a la que Martínez había accedido indebidamente” contó.

Otro obstáculo fue que el juez no remitió inmediatamente el expediente al Tribunal de Impugnación, sino que demoró aproximadamente 30 días. 

Explicó que se debe diferenciar la situación de cada imputado, por un lado, Ortega estaba acusado de cohecho activo, que tiene una pena sensiblemente más baja que el pasivo, entendiendo la ley que es más grave la función del juez por su responsabilidad funcional y le impone una pena más alta. El cohecho pasivo agravado, la figura de la que esta acusado el juez, tiene una pena mínima de 4 años. en caso de cohecho activo tiene una pena mínima de 2 años y se puede acceder a una pena de ejecución condicional. Ortega tiene aún una causa en trámite en la que él esta acusado del mismo delito. 

En cuanto al Sr. Alderete, reconoció haber intermediado en estos dos expedientes para que el Dr. Parisi reciba de parte de Ortega los beneficios económicos. También se pudo analizar las comunicaciones entre Alderete y Correa. Del análisis del teléfono celular del secretario del juzgado se pudo determinar la existencia de diversos grupos de WhatsApp, en lo que se advertía una relación de amistad entre Alderete, Ortega, Correa.