El caso “Chirete” Herrera marcó un antes y después en la cárcel

“Lógicamente el caso Herrera fue un punto de inflexión en el Servicio Penitenciario. A partir de ahí se tomaron medidas”, empezando por tratar de mejorar el control en las visitas a los detenidos, aseguró el ex interventor, que asumió el 7 de enero de 2017, dos días después del asesinato de Neri, que entonces tenía 19 años de edad y un hijito de dos meses, fruto de su relación con el asesino. 

Ante las preguntas del abogado Marcelo Arancibia, en sus testimonio Millares detalló que se tomaron medidas respecto del ingreso de menores de edad a visitar a los presos y “se dictaron memorandos y demás para reglamentar cosas que se hacían por costumbre”, publicó Nuevo Diario. 

Arancibia defiende al ex jefe del Pabellón E, Héctor Franco, y al celador Nelson Cardozo, acusados por omisión de sus deberes. Entre otras disposiciones, Millares prohibió “provisoriamente” la visita de menores de 3 años de edad.

El testigo añadió que no recuerda que antes de este hecho las autoridades hayan analizado particularmente la cuestión de las visitas privadas, y reconoció que los celadores no tienen instrucción específica sobre cómo deben actuar durante este tipo de visitas. 

El fiscal Pablo Rivero insistió en el hecho de que en la ficha de visita privada se consigna que el visitante debe ser una persona mayor de edad, Millares respondió recurriendo a la realidad: los chicos pequeños no tienen con quien quedar, por eso pasan con sus madres y se hace constar que con un niño o niña.

La autorización de la visita

Enseguida fue puesto a prueba por el fiscal: si hubiera tenido en su poder el oficio enviado por un juez en 2014, en el que se indicaba que Herrera tenía antecedentes de haber matado a su anterior mujer en un penal y les recomendaba cuidado, ¿hubiera firmado la autorización de visita privada a Neri? Millares guardó un silencio marcado, pero al final contestó: “Yo creo que sí”. Haría mención de que él ya estuvo condenado por la otra víctima (pero firmaría la ficha)”, ratificó. 

Luego afirmó que “estaba permitido” que un detenido con las características de Herrera recibiera visitas. Se puso el ejemplo de Marcelo Torrico, que violó y mató a dos niños, y recibe visitas. 

Millares declaró en la continuidad del juicio que se sigue a Herrera y a cinco miembros del Servicio Penitenciario de la provincia, por delitos vinculados al asesinato de la joven el 5 de enero de 2017. 

Los ex funcionarios acusados son Juan Carlos Gutiérrez, que era director de la cárcel cuando se cometió el crimen; Daniel Velázquez, que era subdirector cuando se aprobó la ficha de visita privada de Neri a Herrera; José Luis Ávalos, que al momento del asesinato era jefe del Departamento de Vigilancia; Franco y Cardozo. Los cuatro primeros están acusados de omisión de sus deberes.