El ex intendente Ramos será llevado a juicio por defraudación al Estado

Según consta en el requerimiento, la conducta atribuida al imputado fue direccionada al desvío de fondos públicos que fueron transferidos por la Provincia de Salta al Municipio de Rosario de Lerma, en virtud de la gestión realizada por el imputado ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo.

Los fondos, por un monto global de $341.715, fueron liquidados al Municipio a través de la cuenta corriente bancaria en dos acreditaciones distintas; una del 26 de agosto de 2013 por el monto de $ 250.715 y otra del 13 de noviembre del mismo año por la suma de $91.000, destinados a la creación y puesta en funcionamiento de un proyecto de Empresa Social, que tenía como fin la construcción de casas prefabricadas.

El análisis de factibilidad del Proyecto de Empresa Social destinada a la construcción de casas prefabricadas en el marco del Programa Descentralizado de Generación de Empleo y Formación Profesional instrumentado por el Gobierno de la Provincia de Salta,  fue efectuado por Ramos en su carácter de Intendente el 24 de abril de 2013 y comprometió a la Municipalidad a aportar para efectivizar los fines requeridos, “espacio físico y la mano de obra para remodelaciones edilicias necesarias”, con el propósito de que “nuestros vecinos cuenten con una vivienda digna y el trabajo mancomunado de unión y solidaridad a través del cooperativismo”.

El pedido dio origen a que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Salta, mediante un dictamen del entonces coordinador administrativo, Carlos Enzo Cuellar, hiciera viable el proyecto basado en la generación de “inclusión social a través del trabajo genuino para trece ciudadanos desocupados de la zona”.

A su vez,  el monto total asignado al proyecto fue $ 341.715 e incluía los rubros maquinarias, herramientas, moldes e insumos para placas, insumos para dos viviendas, elementos de protección personal, mobiliario de oficina, construcción edilicia, capacitación, coordinación de proyecto e imagen e impresión fue aprobado por resolución por el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Costello.

De las medidas dispuestas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se pudo establecer que la obra que debía ejecutarse no fue llevada adelante, ya que en el lugar donde debía concretarse no existen indicios que permitan inferir la realización de la obra, como así tampoco pudo comprobarse que la misma fuera llevada a cabo en otro sitio.