Jujuy: Acusan a una jueza de impedir por “revanchismo” el uso de una APP contra el COVID-19

Diputados cuestionaron a la magistrada María Bernal por prohibir la aplicación “Simmov” cuyo fin es controlar la circulación de las personas para que de aparecer un caso de coronavirus, se genere una alerta en torno a todos lo que estuvieron en contacto.

Jujuy 17/06/2020

Mientras el gobierno de Jujuy trabaja contra reloj para detectar todos los contactos que mantuvo el efectivo de la Policía que dio positivo en la jornada de ayer, el bloque de diputados del "Frente Cambia Jujuy" apuntó contra la jueza María Bernal por no habilitar el uso de aplicación de monitoreo móvil que permite determinar la trazabilidad del virus.

En la oportunidad, explicaron que la aplicación "SIMMOV" permite que la persona sea la primera en enterarse si estuvo en el lugar y a la misma hora que otra persona que padece de COVID 19 y que, en caso de activarse la alerta, el COE se contacte con ella para tomar las medidas sanitarias correspondientes.

Además expusieron que esta aplicación es mucho menos “invasiva” que el CUIDAR, implementado por gobierno nacional, que está teniendo resultados positivos y va camino a ser obligatoria en la provincia de Buenos Aires.

También indicaron que la ley 6168 que habilita el escaneo de DNI, sancionada por mayoría de la Cámara de diputados, justifica su constitucionalidad por la situación de pandemia, basado en el artículo 69 de la Constitución provincial que establece que por sobre todo está preservar la salud y la vida de la población.

Por otro lado, manifestaron que la jueza Bernal al hacer lugar al pedido de inconstitucional demuestra su “revanchismo” por haber tenido que realizar la cuarentena, como miles de jujeños lo hicieron, tras su arribo a la provincia luego de su paso por Estados Unidos en marzo pasado

A su vez señalaron que con el sistema no se hace seguimiento de la geo-posición del ciudadano, y aclararon que los datos son encriptados y se utilizan solo si se detecta que la persona estuvo con otra infectada y que dichos datos se borran a los 60 días.

Por último, recordaron que al momento de la sanción de la ley 6168, un sector minoritario de diputados que responden al modelo k, no se tomaron el trabajo ni de leer el decreto del gobierno provincial y que solo se opusieron por oponerse.