Dos diputados proponen modificar el Registro de Deudores Alimentarios

Legislativa 29 de junio de 2020
El proyecto busca que los titulares de obligaciones alimentarias deban presentar un certificado de libre deuda para poder hacer determinados trámites. Así lo explica la diputada Mónica Juárez.
albeza monica juarez

El registro de Deudores Alimentarios es una nómina donde se encuentran incluidas aquellas personas que no cumplen con la obligación del pago de la cuota alimentaria para sus hijos. A partir de los análisis de los diputados Mónica Juárez y Luis Albeza, se propone una modificación para que el deudor desista de su actitud, teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica de los alimentos constituye un derecho y un deber familiar de contenido patrimonial. 

Este proyecto busca modificar la ley 7411 con la incorporación de un artículo que exija a los titulares de obligaciones alimentarias a presentar un “Certificado de libre deuda alimentaria” como requisito para realizar determinados tramites en la provincia de Salta. El mismo tiene como autores a la diputada Mónica Juárez y al diputado Luis Albeza, ambos pertenecientes al bloque “Salta 8 de octubre”.

La diputada Mónica Juárez, enfatizó en relación a este proyecto:


“La obligación de pagar alimentos tiene carácter legal, pero encierra también una obligación moral. Lo que buscamos con este proyecto, es que la sociedad  participe en forma activa, colaborando con incentivar el cumplimiento de esta obligación”.


La modificación, que sería tratada este martes en la Cámara de Diputados, en la comisión de Legislación General, contempla distintas situaciones en las que este certificado sería requerido. Por ejemplo, entre ellas destacan que se solicitaría este libre deuda para ser designado o contratado en la planta de personal, en cualquier modalidad laboral en la administración pública provincial, en sus tres poderes, en las municipalidades, en los entes centralizados,  descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades de economía mixta, entidades bancarias y financieras y demás organismos y sociedades en las que el Estado Provincial o sus entes descentralizados tengan participación.

La medida alcanzaría también a las designaciones en cargos jerárquicos en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en Organismos Autárquicos y Descentralizados; también por el Tribunal Electoral como requisito de admisibilidad de precandidatos a cargos electivos provinciales y municipales, aplicable también en partidos políticos como requisito de admisibilidad de precandidatos a cargos partidarios.


 “Creemos que es importante actualizar la ley y ponernos a tono con lo que se viene haciendo en esta materia en otras provincias, es responsabilidad de todos que las obligaciones alimentarias sean una prioridad legal y moral”, expresó la diputada Juárez. 


Del mismo modo, se busca que se implemente por el Consejo de la Magistratura con respecto a todos los postulantes a desempeñarse como Magistrados o funcionarios de los Ministerios públicos; por los escribanos que actúen en la provincia, antes de realizar trámites notariales de disposición, adquisición, transmisión, cesión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles registrables.

Finalmente se contempla su implementación también en el otorgamiento de licencias, concesiones, habilitaciones o permisos, sus prórrogas o renovaciones por el Estado Provincial y para la inscripción como titular o adjudicatario de una vivienda social o así también por la cesión de sus derechos en el Instituto Provincial de la Vivienda. 

Resta conocer el tratamiento que tendrá el mismo en la jornada de mañana martes.  

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