HemoSalta habría cobrado el doble a obras sociales por transfusión de plasma

La venta de plasma está prohibida por disposiciones del ANMAT. En Salta se desató la polémica ante la documentación que indica que HemoSalta SRL habría cobrado a diferentes instituciones médicas alrededor de $30 mil por la transfusión.  Este martes se conoció, a través del portal El Grito, que esta empresa  también tenía vínculo con el IPS al que le habría cobrado el doble, $63 mil por cada práctica.

Toda esta documentación se encuentra a disposición de la justicia, que el pasado sábado ya inició la investigación de oficio, y actualmente fue derivada a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos para continuar con la tramitación en atención a la temática.

El objetivo será determinar si existió comisión de delito en la decisión y comunicación de una empresa, de facturar por las transfusiones de plasma a pacientes afectados por la COVID-19. Cabe recordar que la ANMAT es quien indicó en el marco de la pandemia del coronavirus y la campaña para la donación de plasma sanguíneo que la venta de esta práctica sanitaria está prohibida.

Legisladores provinciales también se manifestaron en contra de lo sucedido con HemoSalta, elevaron un proyecto para prohibir toda facturación o arancel para las prácticas médicas vinculadas a la extracción, embasamiento y distribución del plasma convaleciente. Sus autores, Esteban Amat, Javier Diez Villa, Germán Rallé y Mónica Juárez, indicaron que prevé que la medida será para el ámbito de la provincia de Salta y se extienda en el tiempo que dura la emergencia sanitaria dispuesta por Ley 8188.

Previamente el Ministerio de Salud también tomó cartas en el asunto exigiéndole una rectificación a la empresa HemoSalta SRL y la instó a que suspenda el cobro por plasma que el Estado entrega de manera gratuita. Desde el área gubernamental también se investiga sobre el accionar de este instituto privado dirigido por el ex director del Centro de Hemoterapia, Martín de la Arena.

“Todos los centros privados y las clínicas están colocando el plasma gratuitamente, entonces este señor no puede salir a cobrar el plasma”, advirtió Esteban en diálogo con medios días a atrás.

La última palabra la tendrá la justicia provincial, quien a partir de su investigación, determinará si existió o no comisión de delito al cobrar la transfusión de plasma para convalecientes de COVID-19.