Ambos están acusados por 8 de los 14 delitos penales contemplados contra la administración pública. A ello se suma otro dato pavoroso: la justicia les adjudica irregularidades financieras por más de 140 millones de pesos.
Sin dudas, 2020 no fue un buen año para los ex intendentes, pues 7 de ellos fueron imputados por delitos de corrupción cometidos –presuntamente-, cuando estaban al frente de sus municipios. De ellos, tres ya tienen pedidos de juicio, por lo que su situación es aún más complicada.
Pero el largo brazo de la Ley no sólo alcanzó a los ex jefes comunales, sino también a otros tres que comenzaron sus mandatos a fines de 2019, aunque uno de ellos ya fue destituido. De esta manera, la lista acciones penales llegó a 10 de los 60 municipios distribuidos en toda la provincia, un 17 %.
Si bien este porcentaje no parece alarmante, la situación cambia drásticamente cuando sumamos el total de las irregularidades investigadas, las que ascienden a un total de 240.219.952 millones de pesos, dinero que debería haber llegado a los habitantes, ya sea en obra u otros beneficios.
Provenientes de municipios vecinos a esta capital, como del sur, norte y este provincial, nueve ex intendentes y jefe comunales en funciones tuvieron que presentarse en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos para dar explicaciones respecto al destino de millones de pesos que pasaron por sus manos, ya sea procedente directamente del gobierno provincia o, a través, de programas de la Nación.
La lista negra de este año está integrada por los ex intendentes Manuel Cornejo, de Campo Quijano; Julio Jalit, de Pichanal; Ernesto Fernando Gonza, de San Lorenzo; Leonardo García, de El Quebrachal; Ignacio Vicente Condorí, de Animaná; Osvaldo Darío García, de Coronel Moldes, Aldo Rogelio Nerón, de Santa Victoria Este y Jorge Enrique Prado, de Aguaray.
Los principales
En este “top ten” de acusaciones por delitos de corrupción -por cierto, lamentable- los que se destacan son los ex intendentes de Campo Quijano y Pichanal, quienes están imputados por ocho delitos contra la función pública sino también se les adjudica el mayor perjuicio económico cometido en perjuicio de los municipios que gobernaron.
En concreto, las irregularidades financieras por las que están sospechados ascienden a la sorprendente suma de 140.994.711 pesos, dinero cuyo destino aún no han explicado. Uno de ellos, casualmente, es investigado por enriquecimiento ilícito.
Jalit, quien fue intendente de Pichanal desde 2003 a 2019, comenzó a ser investigado el año pasado por el delito de enriquecimiento ilícito, sin que trascendieran muchos detalles de dicha causa penal hasta el 25 de agosto pasado, cuando se dio a conocer una ampliación de la imputación penal contra el ex intendente.
La acusación penal, esta vez fue por los delitos de “fraude, negociación incompatible con la función pública, peculado, enriquecimiento ilícito, contaminación del medio ambiente por medio del uso de residuos peligrosos y omisión maliciosa”.
Si llegará a juicio por estos delitos, y se le aplicara la pena máxima contemplada para cada una de las acusaciones, Jalit debería pasar 40 años preso, sin embargo, aún no fue enviado a juicio y goza del beneficio de libertad provisoria.
En la ampliación penal, por si faltara el broche de oro al caso, la fiscal penal Mónica Viazzi, lo hizo responsable de irregularidades por un monto de 56.994.711 pesos.
Se trata de dinero que salió de las arcas municipales durante distintos períodos en que gobernó Jalit, quien curiosamente pasó de ser empleado en una estación de servicio a ser uno de los productores más rico de la zona, pues se le adjudica la propiedad de varios campos sojeros y otros importantes bienes, como vehículos de lujo.
Cornejo
Si lo de Jalit pareciera insuperable, 2020 demostró que esa aseveración era un error, cuando se conoció la imputación penal contra el ex intendente Manuel Cornejo, de Campo Quijano, a quien se le adjudicó responsabilidad penal por el destino de 84 millones de pesos, cifra con la cual dejó atrás a Jalit, en materia de dinero público cuyo destino se desconoce aún.
Cornejo, para ser más precisos, fue imputado el 17 de marzo de 2020 por delitos de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público. En este rango, nada honroso, Jalit lleva la delantera, pues la fiscal Viazzi le imputó seis cargos penales.
El 22 de octubre, a diferencia del ex intendente de Pichanal, se solicitó la detención de Cornejo, la cual finalmente no prosperó. El 25 de noviembre, en tanto, se remitió a juicio la causa penal abierta en su contra, por lo que se espera que 2021 se desarrolle el juicio. De ser condenado por los delitos y cantidad de hechos imputados, Cornejo podría recibir una pena máxima de 24 años de prisión, en tanto, permanece en libertad provisoria.
En la acusación contra Cornejo, la fiscalía estableció que “se extrajeron fondos públicos que no ingresaron al municipio sin haberse podido determinar tampoco su destino real, dada la inexistencia de un circuito administrativo y respaldo documental. Ello produjo un grave perjuicio al erario municipal, del orden de los 84.000.000 millones de pesos”.
Este cálculo surge de una investigación no sólo contable sino también de entrevistas con empleados, quienes reconocieron haber recibido vales de dinero por parte del ex intendente, cuando estaba de campaña electoral. También se incluye la adquisición de vehículos y maquinaria que, misteriosamente, terminaron en poder de Cornejo.
Otra prueba clave fue la pericia técnica realizada los teléfonos secuestrados en la causa, la que permitió conocer cómo era el circuito del dinero en la intendencia de Campo Quijano. Como producto de este estudio, la fiscalía sostuvo que “surgen elementos suficientes para sostener que Cornejo y Méndez disponían de los fondos municipales a su antojo, sin rendir cuentas en absoluto y que, además, ese dinero proveniente de fondos públicos – principalmente de la coparticipación – era utilizado en beneficio personal y no público”.
Prado
Con irregularidades por un monto de 41 millones de pesos, el ex intendente de Aguaray -ya destituido- aparece tercero en el rubro de perjuicio económico causado.
Aunque su destitución no respondió directamente a una investigación de la justicia provincia, Jorge Enrique Prado, el ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente, que llegó a la intendencia de Aguaray como el político más joven, tenía 31 años, no llegó al año de gestión.
La acusación más grave que Prado acarrea, sin dudas, es la de fraude, incumplimiento de deberes de funcionario público y robo agravado en la investigación penal que el fiscal federal general, Eduardo José Villalba, lleva en su contra una decena más de imputados por el robo de caños del Gasoducto GNEA.
Por este hecho, Prado fue destituido por el Senado de la Provincia el 16 de octubre pasado, tras lo cual la justicia provincial lo imputó por otros hechos de corrupción, los que surgieron cuando el interventor designado por el gobierno provincial llegó a Aguaray para conducir el municipio.
El 4 de noviembre pasado, luego de una auditoría y otros informes, la fiscalía penal de Salvador Mazza le imputó a Prado los delitos de malversación de caudales público e incumplimiento de deberes de funcionario público. El primero de estos cargos tiene una pena máxima de 3 años, mientras que el segundo sólo prevé una multa e inhabilitación para ejercer la función pública.
Dada la trascendencia del caso, en especial por el robo de caño, la fiscalía provincial pidió la detención de Prado, pero no la logró. No obstante, la justicia federal si la dispuso por bajo la modalidad de prisión preventiva y por un término de 20 días, que expiró el 18 de diciembre pasado.
Previamente, el 23 de noviembre, en tanto, la fiscalía provincial reunió más elementos de pruebas y amplió la acusación contra Prado, circunstancias en la que le adjudicó irregularidades financieras por un monto de 41.064.216 millones de pesos.
Al respecto, y de documentación aportada por el comisionado interventor Adrián Zigarán, la fiscalía indicó que Prado no informó el destino de 24.000.000 pesos, que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante el primer tramo de su gestión.
A ello, se agregan otros 9.564.216 correspondiente a partidas COVID-19 recibidas por el ex intendente en mayo pasado. Finalmente, se le reprocha gastos de combustible por la suma de 7.500.000 de pesos durante su breve gestión.
Nerón
Finalmente, otro de los intendentes que iniciaron su gestión el año pasado y ya cosecharon imputaciones penales, fue Aldo Rogelio Nerón, de Santa Victoria Este. El 13 de agosto pasado, la fiscalía penal de Salvador Mazza, le imputó el delito incumplimiento de deberes de funcionario público.
Nerón, el primer intendente surgido de una comunidad Wichí, fue destituido por el Concejo Deliberante de Santa Victoria Este el 1 de diciembre pasado, aunque la decisión todavía no fue validad por el gobierno provincial y se encuentra bajo análisis por la justicia.
En concreto, y a diferencia de sus colegas de Aguaray y Rosario de la Frontera, la acusación contra Nerón se basa “en la falta de respuestas al Concejo Deliberante sobre patrimonio, convenios, ingresos y egresos de fondos al Municipio y otras cuestiones vinculadas con el erario público; además de un supuesto abandono a las comunidades, denunciado por caciques de la zona. Nerón se presentó con defensa particular y declaró”.
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