Pese a que el avance de la pandemia del coronavirus en Salta, que se cobró la vida de más de mil salteños, ocupó la mayor parte de la atención de los medios, los escándalos de corrupción estuvieron a la orden del día.
El primer golpe a la confianza de los ciudadanos fue el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de legisladores y funcionarios, que no pudieron evitar la tentación de quedarse con dinero que podría haber beneficiado a decenas de familias que, en plena pandemia y sin trabajo, tuvieron que sufrir para garantizar el pan en la mesa.
Uno de los casos más emblemáticos es el del militante de La Cámpora Marcos Vera, director de la UDAI Sur de la ANSES, quien se anotó para cobrar el IFE a fines de mayo. Al quedar en evidencia su maniobra, reconoció que se inscribió para realizar un tutorial que le mostrara a la gente los pasos a seguir para inscribirse, que nunca existió.
Poco después, la corruptela salpicó a los intendentes, siendo el caso más emblemático el de Aguaray, Jorge “Kike” Prado, quién fue desplazado de su cargo antes de cumplir un año de mandato en el marco de la investigación por el millonario robo de 35 kilómetros de caños del Gasoducto del NEA. Tras pasar un mes tras las rejas, fue beneficiado con libertad condicional. En su lugar, asumió como interventor, Adrián Zigarán.
Con menos trascendencia, pasó lo mismo con el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, quien fue destituido por el Concejo Deliberante por el “abandono total en el que se encontraba el municipio”.
En Rosario de la Frontera, la situación fue parecida pero diferente. Gustavo Solís fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración y cohecho. Y hasta se presentó un pedido de intervención en la Legislatura que no prosperó. El jefe comunal negó que existan irregularidades y lo adjudicó a una cuestión política.
Casi en simultáneo, el filo de la espada de la justicia cortó la cadena de años de impunidad de algunos ex jefes comunales, como el caso de Manuel Cornejo, de Campo Quijano, quien fue imputado por incumplimiento de sus deberes como funcionarios público y malversación de fondos. Lo mismo le ocurrió a Ernesto “Kila” Gonza, de San Lorenzo.
De cara a 2021, que tendrá como condimento especial las elecciones, el dato más importante es que no habrá PASO en Salta. La medida encontró su razón en el costo económico, la situación sanitaria y la necesidad de revalorizar los partidos políticos. En la Legislatura, con mayoría oficialista, se aprobó sin demasiadas vueltas.
Pero.... ¿cómo llegan las principales fuerzas políticas? Por el lado del Ejecutivo, el desafío estará puesto en la educación, con la vuelta de las clases presenciales a partir de marzo, y también en salud, que tendrá como eje principal la campaña de vacunación a cargo del ministro Juan José Esteban, que reemplazó en septiembre a la cuestionada Josefina Medrano.
Del lado de la municipalidad, Bettina Romero, quien ya confirmó su deseo de buscar la reelección en 2023, deberá dejar de lado las diferencias con el Concejo Deliberante, con quien tuvo una tensa relación durante todo 2020. Para ello, será fundamental el trabajo del nuevo y “parchado” Gabinete, que a partir de ahora estará coordinado por Agustina Gallo.
Sin dudas, la pandemia puso a prueba a los líderes políticos tanto municipales como provinciales. Parecía una gran oportunidad para demostrar su accionismo y su capacidad resolutiva. Sin embargo, muchos de ellos fracasaron.
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