El convenio por las "fotomultas" podría llegar a la Justicia

Municipal 30 de agosto de 2021 Por InformateSalta
fotomultas

En la última sesión del Concejo Deliberante, a pesar de que se realizó al borde del quórum legal, se aprobó una resolución en la que se solicita al Ejecutivo Municipal que suspenda la ejecución total del convenio suscripto con CECAITRA.

A partir de esta resolución se insiste en abstenerse de poner en funcionamiento el sistema de fotomultas, que estaba previsto a partir de la firma entre la intendenta Bettina Romero y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina.

Fuera del pronunciamiento para poner un freno al sistema de fotomultas, ediles requirieron al Tribunal de Cuentas que se expida en relación al convenio aprobado mediante el Decreto 248/21. Finalmente se encomienda al Área Legal y Técnica del Concejo a verificar el acatamiento de lo resuelto, desde la notificación del instrumento. 

Bajo esta advertencia los concejales fijaron que en caso de incumplimiento se disponga el inicio de acciones legales con la finalidad de suspender judicialmente la ejecución del convenio. 


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¿Qué sucede con CECAITRA?

Desde que se instaló el tema sobre el convenio con la empresa de Cámaras se suscitaron comentarios y dudas respecto a su aplicación. Sin embargo, la mayor objeción que recibe el proyecto, más allá de los antecedentes legales que tiene la empresa, es que el proyecto no fue consultado, ni comunicado al cuerpo deliberativo como establece la normativa. Ediles, funcionarios e incluso jueces de Faltas, reconocieron desconocer el convenio y cómo se implementaría, según reza Página12.

A esto, los concejales agregaron que tampoco se había respetado el poder del Concejo Deliberante para que evalúe la iniciativa, que dejara una alta recaudación, se calculan unos $30 millones por mes, y que para la instalación de esa tecnología se gastarán alrededor de $165 millones, según informó el secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra. Otra de las objeciones se vincula a lo que la asociación actuante obtendría por el servicio prestado, el 45% de lo obtenido por las multas, algo que prohíbe la carta orgánica municipal y la normativa nacional.

A modo de detonante mediático, semanas atrás el programa PPT de Jorge Lanata destapó una olla de antecedentes y localidades que luchan por rescindir el contrato con la cuestionada empresa que es la principal prestadora de servicios de software, cámaras y radares para fotomultas y control vial del Estado en todos sus niveles. 

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