IFE: Suspendieron el juicio para 16 acusados, deberán hacer tareas comunitarias y donar 320 mil pesos

En los casos de cobro irregular del IFE se acordó la auto inhabilitación de los acusados para participar como candidatos en dos procesos electorales. Además se concedió la suspensión de juicio a prueba de los 16 acusados, a cambio de tareas comunitarias y donaciones por 320 mil pesos.

La jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, homologó ayer 16 acuerdos de suspensión de juicio a prueba. Esto en el marco de la audiencia de control por la acusación a 25 ex funcionarios públicos imputados por delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

---

---

El titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, fiscal federal Ricardo Toranzos, llevó adelante la presentación de los acuerdos arribados, resaltó el esfuerzo realizado junto a las defensas a fin de superar inconvenientes.

Para ejemplificar la versatilidad que se pudo observar en la audiencia, se aceptó la conformidad de un acuerdo expresado por una imputada vía WhatsApp.

La audiencia de ayer, se inició en realidad el 5 de julio pasado, cuando las defensas de los imputados plantearon el sobreseimiento. Entre los motivos de los defensores, se encontraba la supuesta falta de tipicidad penal, esto fue rechazado por la jueza, quien otorgó un cuarto intermedio para que las partes evalúen alguna alternativa.

Hay que destacar que el dinero que deberán aportar los acusados, será destinado a entidades de bien público, cómo hospitales, comedores y centros de salud de los distintos municipios.

Las donaciones consistirán de mercadería, pañales, insumos médicos y bienes destinados a escuelas públicas. Un hospital consultado sobre las necesidades, solicitó el aporte de pilas doble y triple “A” para los distintos dispositivos sanitarios.

Al margen de estos aportes, también se exigió desde la fiscalía la realización de tareas comunitarias, cosa que algunos imputados intentaron evitar. La jueza reforzó la posición de la fiscalía al respecto.

De tal forma, se logró reunir un total de 1636 horas de trabajo comunitario comunitario por parte de los 16 imputados. La colaboración deberá ser cumplida en: hospitales, centros de salud, comedores comunitarios y en las oficinas municipales.

La fiscalía, detalló el marco legal y la jurisprudencia que permite aceptar esta posibilidad y superar así la exigencia del artículo 76 bis, el cual establece como pena accesoria la inhabilitación perpetua para los casos de funcionario públicos.

Tanto la jueza como la fiscalía aclararon que cualquier incumplimiento o la comisión de un delito harían caer el acuerdo e inmediatamente se proseguirá con el proceso penal correspondiente.