Escándalo del IFE: Rechazaron el sobreseimiento a los funcionarios acusados del cobro indebido

La jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, rechazó el sobreseimiento solicitado por la mayoría de los acusados por maniobras ilícitas al escándalo por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en el marco del proceso penal contra 24 concejales de distintas localidades de la provincia y un empleado del Concejo Deliberante de la comuna capitalina.

Como recordó el sitio de Fiscales de la Nación, de los 25 acusados, 18 lo están por defraudación a la Administración Pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público. La misma imputación recae a los 7 acusados restantes, pero en calidad de tentativa respecto al fraude.

En cuando al pedido de sobreseimiento, introducido como cuestión preliminar, fue rebatido por el fiscal federal Ricardo Toranzos quien lleva adelante la acusación, descartándose del mismo modo otras peticiones defensivas, oponiéndose también la Fiscalía al pedido de suspensión del juicio a prueba.

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En su turno, el fiscal Toranzos remarcó las incompatibilidades claramente expuestas en el decreto respecto a la percepción del ingreso de emergencia por parte de las personas que se desempeñan con relación de dependencia y explicó que los acusados, a sabiendas de que no les correspondía, aprovecharon esa instancia virtual para solicitar el IFE. De esta manera hicieron incurrir en error al Estado, al que luego defraudaron, al percibir el beneficio.

En contrapartida, las defensas, en su mayoría, plantearon el sobreseimiento de sus representados por entender que las conductas imputadas no constituyen delito, para luego endilgarle toda la responsabilidad de los hechos a los organismos estatales que tenían a su cargo la tarea de control. El fiscal rechazó el sobreseimiento.

“Para el sobreseimiento se requiere certeza negativa y aquí, de acuerdo a la plataforma fáctica y jurídica presentada por el fiscal, no la advierto”, expresó la jueza Catalano, al fundamentar su decisión remarcando que “en el sistema acusatorio, la duda va a juicio”.

“Comparto con el fiscal que la reparación del daño no se produce con el reintegro del dinero. Además, el reintegro ha sido secuela, ya sea producto de una intimación de la ANSES, o bien, posterior al inicio de la investigación penal preparatoria”, agregó sobre los casos en que hubo devolución del aporte percibido.