Miranda Ruiz, acusada por actuar sin consentimiento: “Cubro más del 90% de la demanda de abortos"

El escándalo que se originó en el hospital de Tartagal donde la doctora Miranda Ruiz, fue denunciada por una paciente quien dijo que la obligó a abortar a los 6 meses de gestación cuando ella se había arrepentido antes de iniciar el procedimiento, fue noticia nuevamente ayer, ya que la profesional opinó al cumplirse un año de la Ley IVE.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, fue quien amplió la acusación contra la profesional, por haber realizado el aborto sin el consentimiento de la joven, lo que puede implicar una pena máxima de diez años de prisión.

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Lo que dice la médica

Ayer, The Associated Press entrevistó a esta doctora, que no quiere hablar con medios locales, y este medio dio a conocer que últimamente, cada semana, más de 20 mujeres con embarazos no deseados acuden a Ruiz, una de las pocas médicas que realizan abortos gratuitos en Salta, una provincia del norte argentino, pese a la ley nacional que legalizó el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación.

Ese medio considera que Salta es un ejemplo de la fuerte resistencia que ha tenido el aborto en Argentina y allí no hay tantos profesionales que la realicen en comparación con otras provincias del país, 

Una de las pocas profesionales que realizan la práctica en Tartagal es Miranda Ruiz, quien atiende en un pequeño consultorio de un hospital público al que las mujeres pueden acudir sin cita previa.

“Cubro más del 90% de la demanda (de abortos), por eso mi detención haría imposible el cumplimiento de la ley donde trabajo”, dijo Ruiz a The Associated Press. La médica trabaja en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, una localidad del departamento de San Martín, situada a unos 1.200 kilómetros al norte de Buenos Aires y poblada por comunidades de escasos recursos.

Los pacientes de Ruiz, que incluso provienen de provincias limítrofes, llegan a ella porque se corre la voz de que realiza la práctica y también por Facebook. La doctora trabaja con misoprostol y antes de que se aprobara la ley dijo que hizo sólo unas 20 interrupciones legales del embarazo bajo ciertas causales.

“En un momento sentí que si hubiese estado en la Edad Media me habrían quemado”, dijo la médica al recordar su detención en el hospital y posterior traslado a un calabozo, donde permaneció varias horas. Su rostro durante la entrevista reflejaba cansancio y tensión, no tanto por las vicisitudes personales sino el esfuerzo que demanda su tarea. Además de atender a mujeres en Tartagal, recorre varios kilómetros por semana para asistir a familias en localidades más alejadas que carecen de hospitales.

Dijo que antes de practicar el aborto recibió la llamada de una concejala local que se hizo pasar por jueza para que detuviera la intervención.

“La causal la expresa la paciente. Ella fue valorada por la psicóloga, la trabajadora social, y yo como médica. Se avaló desde la gerencia (del hospital), el jefe de servicio de ginecología, y el supervisor de salud sexual y reproductiva de Salta. Eso está todo escrito en la historia clínica”, aseveró Ruíz.

La doctora pensó que quizá con la acusación se intentaba disuadir a otros profesionales a no practicar abortos, aunque el efecto fue el contrario.

“Como tomó estado público no sólo se amplió la
cantidad de pacientes que me vienen a ver,
va circulando información”, explicó.

El fiscal Gonzalo Vega, quien imputó a la médica e integra la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de la ciudad de Tartagal, afirmó por su parte que no busca “silenciar” a los profesionales de la salud y que su acusación es producto de una investigación que inició a partir de la denuncia de los tíos de la gestante, quienes afirmaron que Ruiz obligó a su sobrina a proseguir hasta el final con un proceso abortivo con pastillas de misoprostol, pese a que la joven quiso interrumpirlo.

Según el fiscal, la joven declaró que “quiso retirarse del hospital” sin que se lo permitieran y que el consentimiento expreso requerido para realizar la interrupción del embarazo “se lo hizo firmar la doctora Ruiz después de que abortó”, lo que ha sido negado por la imputada.