En su habitual columna por la inclusión en el programa Cuarto Oscuro que se emite en FM La Cuerda (104.5), el titular del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, consideró oportuno aprovechar el debate electoral para exhortar a los candidatos a intendentes a impulsar medidas que amplían la participación ciudadana y que también generan las condiciones para que sectores históricamente discriminados puedan ser parte del diseño de políticas públicas.
“El Presupuesto Participativo es una de esas medidas. En nuestra ciudad hubo tres instancias de implementación – 2002, 2014 y 2022 – con ordenanzas aprobadas, pero nunca hubo voluntad para llevar a la práctica lo votado: que la gente pueda decidir cómo ejecutar parte del presupuesto municipal en sus barrios. Muchas veces las partidas presupuestarias no conectan con las problemáticas vecinales, mientras el PP acerca de hecho al gobierno con los problemas de la gente y puede incorporar a nuevos actores. Por ejemplo, en Salta los motivos de discriminación son pobreza, color de piel, género y personas con discapacidad. Grupos que con el PP encontrarían las condiciones para incorporarse a ámbitos de discusión de políticas públicas”, sentenció.
El titular del INADI recordó que la historia de la medida se remonta a 1989 cuando en la ciudad brasilera de Porto Alegre se implementó la medida contradiciendo los postulados neoliberales. “En Argentina empezó a desarrollarse tras la crisis del 2001-2002 en municipio como Morón, mientras en la ciudad de Rosario está vigente desde los tiempos de Hermes Binner como intendente. Actualmente más de 60 municipios de 14 provincias aplican la medida. En la mayoría de los casos se da en municipios con más de 100.000 habitantes, es decir en ciudades que se parecen demográficamente a nosotros que, según el Censo 2022 ya llegamos a 620 mil habitantes. Mucha gente, pero menos que la ciudad de Rosario por ejemplo”, comparó.
Consultado sobre aspectos generales de funcionamiento en los lugares donde ya se implementa, Farquharson dijo que en términos prácticos supone que los ciudadanos “puedan decidir cómo gastar parte del presupuesto que administrará el gobierno de la ciudad y que suponen casi 38 mil millones de pesos para el 2023. La cuestión de los porcentajes difiere según las experiencias: en casi la mitad de los casos, los municipios que tienen PP destinan solo entre el 0,1% y el 1,5%; en otros destinan entre el 1,5% y 3% del presupuesto total y en otros entre el 3% y 7%. En nuestra ciudad la cuestión del porcentaje debe debatirse, como así también la forma de garantizarlo. Hasta ahora quisieron hacerlo con ordenanzas, pero hay ciudades como Posadas (Misiones) que para no depender de la voluntad de los intendentes incorporaron el mecanismo a la Carta Orgánica”, resaltó.
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