Por amplia mayoría, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que había sido aprobado por Diputados y dispone “tolerancia cero” de alcohol para conductores de vehículos de cualquier tipo y peso.
Se trata de una norma que busca evitar los accidentes de tránsito por la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los conductores y así disminuir los altos índices de mortalidad en ese rubro.
Desde el oficialismo y organizaciones como Asociación Civil Luchemos por la Vida y Madres por la Vida celebraron la aprobación de la ley por parte de los senadores, apuntando también a los “desafíos” que la nueva norma conlleva, como mayores controles y sanciones a quienes la infrinjan.
Sin embargo, a pesar de los beneficios evidentes para la población que la ley implica, hay sectores que manifestaron su desacuerdo con la misma, anteponiendo sus intereses económicos sobre la vida de potenciales víctimas ante conductores alcoholizados.
Senadores en contra de la Ley de Alcohol Cero
Los senadores que este pasado jueves votaron en contra son: los oficialistas sanjuaninos María del Carmen López Valverde y Sergio Uñac; y los opositores Alfredo Cornejo y Mariana Juri, todos ellos de Mendoza; Roberto Basualdo, de San Juan; Julio Martínez, de La Rioja; Alfredo De Angeli, de Entre Ríos; Dionisio Scarpin, de Santa Fe; y Juan Carlos Romero, de Salta.
Como se ve, en su mayoría representantes de provincias productoras de vino…
La mendocina Mariana Juri, de Juntos por el Cambio, argumentó que la nueva norma "destruye miles de trabajos", mientras que Alfredo Cornejo, también de Mendoza y de la misma alianza, se quejó porque "bajará el consumo (de vino), eso significa que habrá menos hectáreas para cosechar y, por lo tanto, menos trabajo".
Productores de vino en contra de la Ley de Alcohol Cero
Finalmente y en el mismo sentido se pronunció la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que nuclea a los principales productores, rechazando la aprobación de la Ley: "Este no es el camino, sino que por el contrario es una medida comprobadamente ineficiente e inviable” que no ofrece una solución a la problemática de la siniestralidad vial.
Además sostienen que “afectará fuertemente a las libertades individuales y dañará al sector gastronómico argentino, al enoturismo y a la industria vitivinícola, una actividad económica generadora de empleo de calidad que está presente en 18 provincias argentinas".
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