Una de las denuncias que ingresaron a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación apunta a dos referentes de la organización “La 25″ con sede en Salta Capital. Los denunciados fueron identificados como Paola Aguado y su marido Jorge Rios. La denunciante aseguró que esos dos personas le exigían a su madre hasta el 50% del Potenciar Trabajo. La maniobra se habría repetido durante un año.
Lo más llamativo es que algunos de los “aportes” se rendían por transferencia bancaria, un mecanismo que llama la atención y que ahora debería servir a la investigación.
”Estos últimos días le pedía que le pase los datos de la cuenta y también el usuario para verificar ellos. Donde nosotros le dijimos que no porque son datos confidenciales de mi madre. También le solicitaba que le pase captura de los últimos movimientos de la tarjeta. Espero una respuesta favorable gracias", doce eñ exédiente de acuerdo a lo publicado por Infobae.
La denuncia contra los referentes de “La 25″ incluye conversaciones recientes de WhatsApp y varios audios que exponen todo el mecanismo extorsivo. Las pruebas revelan que los “aportes mensuales” iban directamente a las cuentas bancarias de los apuntados o de sus familiares directos.
La mujer que debía entregar la mitad de su plan luego mandaba los comprobantes de cada transferencia. En los chats aparecen los montos de cada movimiento, el CUIT del destinatario, y el número de cuenta en el Banco Nación. Según los chats aportados, Rios utilizaba para recaudar una cuenta de un joven de apenas 19 años, identificado como N.M.R.
En uno de los audios que acompañan la denuncia, se escuchan una serie de recriminaciones, llamativamente, de quien se quedaba con parte de los planes. “Usted nos jugó chueco a nosotros”, le dice a la mujer que realizaba las transferencias todos los meses.
La causa que tramita en el juzgado de Lijo incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei. Una de las protestas fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía. Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.
La causa que lleva adelante Lijo es mucho más voluminosa que la que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. “Tenemos más de 1000 formularios de denuncias ingresadas a través del 134, estamos analizando cada caso y determinando quiénes eran los que hacían las amenazas”, apuntó la misma fuente. Pese a que la causa recién comienza, Lijo ya ordenó informes de cuentas y varias declaraciones testimoniales.
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