A través de un comunicado, el Gobierno Nacional, echó al jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Fernando Luis Mengo. Este había asumido hace pocos meses y está acusado de “uso indebido de aeronaves de la institución”.
Los problemas se iniciaron luego de qué el militar utilizara los recursos del organismo para traer y llevar a su pareja, también castrense, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, de donde es originaria, a Buenos Aires.
Además, el uniformado tiene denuncias por acoso sexual que generaron gran malestar entre las autoridades nacionales. Su desplazamiento se terminó de concretar este mismo jueves por la mañana, tras una reunión entre el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri.
“He decidido relevar del cargo al Brigadier Fernando Mengo, Jefe de la Fuerza Aérea, en cumplimiento del deber de garantizar la transparencia, la ética y el respeto a la ley en las Fuerzas Armadas. Esta decisión responde a hechos que ponen de manifiesto el uso indebido de aeronaves de la institución con fines particulares, lo que implica una grave violación de la normativa que rige el manejo de los bienes públicos y de las responsabilidades inherentes a su cargo”, señala un comunicado.
En el mismo texto, el ministro Petri indica que ha “tomado conocimiento de presuntos hechos de acoso y/o abuso que habrían sido protagonizados por el Brigadier Mengo, lo que constituye una falta gravísima e inadmisible”.
“He instruido el inicio de todas las acciones legales y administrativas necesarias para que se investiguen estos hechos, determinen responsabilidades y garanticen que quienes hayan incurrido en ellas reciban las sanciones que corresponden por la gravedad de su accionar”, precisó el funcionario.
Por último, remarcó que “este Gobierno, y bajo la gestión del Presidente Javier Milei, no hay ni habrá tolerancia para el abuso de poder, la corrupción ni las conductas que mancillen la integridad de las personas o la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones”.
“Este Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con la transparencia, la austeridad, la protección de los derechos de las víctimas y el respeto irrestricto a la ley como pilares fundamentales de su gestión”, cierra el comunicado.
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