Ríos & Asociados: La Fiscalía requirió juicio para los 27 imputados

En junio de 2021 en la ciudad de Metán comenzó a operar una financiera ilegal que a posteriori abrió una sede en la capital salteña, funcionando de manera articulada con personal policial conformando una asociación ilícita. 

La Unidad de Delitos Económicos Complejos, llevó adelante una investigación que permitió desmantelar la modalidad fraudulenta conocida como esquema Ponzi o estafa piramidal, por lo que la fiscal penal a cargo, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió elevación a juicio a los 27 imputados por el hecho. 

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En los fundamentos de la acusación, sostienen que se encuentra acreditada con el grado de convicción necesario, la existencia de los delitos de estafas reiteradas, falsedad de instrumentos privados, en un total de 849 hechos, así como la responsabilidad penal de los imputados. 

Las acusaciones: 

• Cynthia Elizabeth del Valle Moya, por los delitos de estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado, en concurso ideal y en calidad de jefe/organizador del delito de asociación ilícita, en concurso real;
• Alejandra Macarena Párraga, Ana Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martín Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando, por los delitos de estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado (849 hechos), en concurso ideal, la cual concurre en forma real con el delito de asociación ilícita;
• Javier Maximiliano Juárez, por el delito de estafa (un hecho) y falsedad de instrumento privado (un hecho), en concurso ideal y asociación ilícita, en concurso real;
• Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez por los delitos de asociación ilícita y abuso de autoridad, en concurso real;
• María Eugenia Espinosa, por los delitos de asociación ilícita y peculado, en concurso real;
• Alberto Sebastián Giménez, por el delito de asociación ilícita;
• Nidia de los Ángeles Valdéz, por el delito de encubrimiento por ocultamiento de dinero, agravada por su condición de funcionaria pública;
• Emanuel Jonathan Pardo Tárraga, por los delitos de violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal, agravada por su condición de funcionario público, en concurso ideal;
• Juana Manuela Gorriti, Hugo Carlos Dante Moya Gorriti y Antonio Francisco Acosta por los delitos de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito, agravado por actuar con ánimo de lucro.
• Asimismo, se solicitó la declaración de rebeldía de Melisa del Valle Maciel, la que no compareció y no pudo ser localizada, a pesar de las diligencias realizadas por UDEC.

En las investigaciones del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se ve que la constitución de 849 contratos permitió a los acusados obtener 513.318.730 dólares, de lo cual una parte, se utilizó para la adquisición de vehículos 0km. de alta gama y diversos elementos secuestrados durante los allanamientos. 

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La fiscal Salinas Odorisio concluye en su requerimiento que surge la configuración del delito de estafas reiteradas y falsedad documental, con 849 hechos en concurso ideal, puesto que los acusados ofrecieron a los damnificados la inversión de sumas de dinero en una falsa financiera.

Se configura también, el delito de falsificación de documentos, ya que los imputados actuaron con dolo, conscientes de la falsedad de los contratos entregados a las víctimas y el perjuicio ocasionado.