Controles abusivos y multas de la Policía Caminera en Córdoba atentan contra el turismo

No hacen prevención. No buscan la seguridad de los que circulan. Sólo buscan recaudar. Una lástima porque Córdoba es sin dudas uno de los destinos turísticos más elegidos de Argentina. Con sus sierras, ríos cristalinos y una gran oferta cultural y gastronómica, la provincia atrae cada año a miles de visitantes. Sin embargo, una creciente ola de denuncias por controles excesivos, multas arbitrarias y presuntas coimas por parte de la Policía Caminera amenaza con empañar la experiencia de quienes eligen vacacionar allí.

Un problema que no es nuevo, pero crece

Desde hace algunos años, usuarios en redes sociales, viajeros, turistas, todo el que pasa por Córdoba se lleva de regalo 1 o 2 multas. Y vienen advirtiendo sobre el comportamiento de algunos agentes de la Policía Caminera cordobesa. Las quejas más frecuentes refieren a controles montados en puntos estratégicos con fines recaudatorios, multas sin fundamento claro y, en algunos casos, presuntos pedidos de dinero para evitar sanciones.

“Te paran por cualquier cosa: que la luz está baja, que el matafuegos no tiene fecha, que te faltan 10 kilómetros para renovar la VTV… y siempre con la amenaza de una multa carísima”, relata un turista salteño que visitó la zona de Villa Carlos Paz. “Es tan molesto que ya pienso en vacacionar en otra provincia.”

Impacto directo en la economía turística

El turismo es uno de los motores económicos más fuertes de Córdoba. Comercios, hoteles, restaurantes, cabañas, excursiones y hasta estaciones de servicio dependen de la llegada de visitantes. Pero muchos afirman que los abusos en los controles viales están espantando turistas, especialmente de provincias del norte y del litoral, donde circular en regla no siempre es sencillo por diferencias normativas.

“Si te vas de vacaciones y terminás pagando cinco multas inventadas, es obvio que el año siguiente buscás otro destino”, opinó un empresario del sector hotelero en Calamuchita.

Pero bueno, nada de esto parece importar al gobierno de Martín Llaryora que sigue con la política recaudatoria de su Policía Caminera.