La Justicia de Tartagal hizo lugar a un pedido de prórroga presentado por el fiscal de la causa, para reunir más datos en torno al accionar que se investiga, por parte de los imputados, al momento de cometer el abuso contra la menor de la etnia Wichí.
Familiares de cuatro jóvenes que el 10 de junio fueron nuevamente detenidos, acusados de haber participado de la violación de una niña wichi de Alto La Sierra, denunciaron formalmente ante la Justicia que fueron sometidos a torturas en la Alcaidía de Tartagal.
La abogada defensora de seis de los ochos acusados en el caso de la niña wichi abusada en Alto La Sierra, Sara Esper, criticó la intervención en la causa del juez de la Corte de Justicia, Abel Cornejo.
Diputados solicitan además, se tomen medidas contra los actores judiciales que participaron del proceso. Asimismo, piden al jefe de Gabinete de Ministros se inicie un sumario de investigación en los 5 ministerios que debieron intervenir.
Fueron las palabras del presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Mario Ángel, tras los trabajos de relevamiento que hicieron legisladores en Santa Victoria Este, donde la menor wichi fue violada y embarazada.
Así lo informaron fuentes judiciales, que detallaron que el juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, ordenó la detención de Jorge Gabriel Salas, requerida por el fiscal penal Armando Cazzón de Salvador Mazza.
Lo reconoció la ministra de Derechos Humanos y Justicia Pamela Calletti, quien consideró que "hay que tener operadores de caso, con visión de conjunto y articular con todos los estamentos del Estado".
