Mientras se espera ver si asume o no como concejal, la Corte dejaría sin tratamiento un recurso interpuesto por Pablo López

Mientras LLA se debate sobre si Pablo López se presentará o no para reclamar una banca en el Concejo, la Corte de Justicia se prepara para declarar abstracto un planteo de inconstitucionalidad presentado para revertir su destitución. 

Mucho se ha dicho en el plano político respecto a si el ex concejal Pablo López, destituido el 2 de agosto pasado tras un escándalo de extorsión sexual a su ex pareja, volverá a la legislatura municipal para reclamar la banca ganada en las elecciones de mayo pasado, pero cuál es la situación del ex edil en la justicia.

En la Ciudad Judicial su nombre aparece en dos expedientes. Uno se encuentra en manos del fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, quien le atribuyó la comisión de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en dos hechos, privación ilegítima de la libertad agravada también en dos hechos, y concusión.

En el edificio del frente, en tanto, en el entrepiso asignado a los jueces de la Corte de Justicia, el nombre de Pablo López también figura en otro expediente que hasta ayer esperaba alguna resolución, pero que hoy ya no es necesaria.

Se trata de un recurso de inconstitucionalidad que fue presentado formalmente por la defensa del ex concejal, tras su expulsión del Concejo Deliberante bajo el argumento de “incapacidad moral sobreviniente” 

La destitución se resolvió a partir del dictamen de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial que recomendó la expulsión del concejal libertario denunciado por su expareja y asesora de su bloque por distintos hechos de violencia de género (física, psicológica, laboral y política) y retención de parte de su salario.

La denuncia, como se sabe, fue el eje central de un escándalo que alcanzó ribetes nacionales, pues rozó a un asesor muy cercano al presidente Javier Milei que había llegado a Salta para darle su apoyo, en la campaña electoral de mayo pasado, en la elección de concejales y legisladores provinciales, instancia en la que López ganó y se aseguró un segundo período que, aún está por verse.

Luego de aquella sesión de expulsión, López se fue, pero aseguró se había violado su derecho de defensa en el proceso de juicio político, y adelantó que probará su inocencia en la causa penal que se sigue en su contra, la cual aún sigue en trámite.

Planteo

Para su regreso, su defensor interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia, la que debía revisar las alternativas del juicio político, para luego dictaminar si el proceso se hizo de manera legítima o no y, en su defecto, ratificar o rectificar su expulsión.

El planteo, como varios expedientes que duermen el sueño de los justos, no llegó a pasar de un despacho a otro, máxime ahora que los jueces de Corte pasaron de cinco a nueve. Como en otros casos, el planteo judicial resaltó un supuesto accionar irregular e ilegal por parte del Concejo al dictar un fallo, sin que la justicia se haya emitido primero respecto a la inocencia o culpabilidad de López.

Ese análisis, sin embargo, ya no tiene sentido, pues el asunto quedó en un plano de imposible aplicación, púes el mandato legislativo cierra hoy, con lo cual ya no tiene sentido que los jueces analicen si López fue bien o mal destituido.

De esta manera, la única cuenta pendiente que le queda al ex concejal es la causa penal que tiene entre manos el fiscal Martearena, quien tampoco ha dado a conocer algún adelanto de la investigación penal respecto a las acusaciones de la ex pareja del entonces edil, quien se mantiene firme respecto a su inocencia, incluso al punto de afirmar que no es su voz la que se escucha en los audios que desataron el escándalo que dejó a López en la calle, en cuestión de días.