Condenan a falsos empleados que cobraban por terrenos en Atocha

Cuatro personas que fingían ser empleados de la Secretaría de Tierra y Hábitat fueron condenados por estafar al menos a quince personas, a quienes les exigieron entre mil y 12 mil pesos, bajo la promesa de preadjudicarles carpetas para la entrega de terrenos en barrio Atocha IV, hechos ocurridos entre 2013 y 2014.

Los condenados utilizaban camionetas ploteadas con logotipos del Gobierno de la Provincia, carpetas con membretes oficiales, e incluso las dependencias de la Secretaría de Tierra y Hábitat, donde citaron a una de las víctimas.

En vista de ello, María Mercedes Rodríguez (31) fue condenada a la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva por resultar autora material y penalmente responsable del delito de estafas reiteradas (nueve hechos), coautora de los delitos de estafas reiteradas (seis hechos) y robo simple, todo en concurso real.

En el mismo fallo se condenó a Vicente Sergio Posse (40) a la pena de seis meses de prisión efectiva por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de robo simple. El juez revocó la condicionalidad de una pena anterior impuesta por el Juzgado de Garantías de Séptima Nominación, unificando las condenas en la pena única de tres años de prisión efectiva.

También fue condenada Paola Mariela Frías (30) a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por resultar coautora material y penalmente responsable del delito de estafas reiteradas (seis hechos) en concurso real.

Y finalmente, se condenó a Pedro Alejandro Avendaño (34) a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de estafas reiteradas (seis hechos) en concurso real.

En tanto, a los condenados Frías y Avendaño se les impuso las siguientes reglas de conducta: fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados; abstenerse del consumo de sustancias estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas; adoptar oficio acorde a sus capacidades; realizar trabajos no remunerados a favor de una institución de bien público y presentar constancias de su cumplimiento al tribunal. Todo ello por el plazo mínimo de dos años y bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta.