Luz verde de senadores para crear la fiscalía ambiental y de protección animal

Ayer, el Senado de la Provincia dio media sanción al proyecto que impulsa la creación de fiscalía con competencia en protección del medio ambiente, maltrato de animales y patrimonio cultural que no tiene precedentes en el país. La iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su revisión.

El proyecto pertenece a un grupo de legisladores liderados por el senador Enrique Gramaglia y el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy y recepta las modernas líneas de trabajo de las fiscalías ambientales integrales como el caso de las españolas, brasileras y peruanas, entre muchas otras.

Este tipo de iniciativas se dan en una época en que Naciones Unidas hizo dramáticos llamados a la conservación ambiental, como el basado en el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de reducir el calentamiento global antes de 2030.

Especialistas hablan de que se ha triplicado la cantidad de materias primas extraídas de la tierra en las últimas cuatro décadas, lo que de continuar, para el año 2050 se necesitarán 180 mil millones de toneladas de materiales cada año para satisfacer la demanda, que equivale a casi tres veces la cantidad actual, lo que probablemente elevará la acidificación y la eutrofización de los suelos y aguas de todo el mundo, aumentará la erosión del suelo y producirá mayores cantidades de residuos y contaminación.

Un paso importante

El proyecto aprobado tiene dos cuestiones esenciales y superadoras para atacar de raíz el problema ambiental, que es complejo e involucra cuestiones de tipo ecológicas y técnicas, pero también económicas, laborales, culturales y sociales.

Por un lado, el fiscal deberá abordar el caso en todas sus dimensiones, más allá de las competencias administrativas, civiles, contravencionales y penales. Estos funcionarios tendrán como obligación usar todas las herramientas técnicas, jurídicas y mediadoras para resolverlo y asegurar la protección ambiental y social, más allá de que el hecho provenga de actividad industrial, minera, de servicios públicos, domiciliarios, agrícolas, forestales o turísticos.

Según la media sanción, los reclamos integrales contra empresas y estado de los fiscales de protección ambiental creados deberán interponerse en juzgados ordinarios, con lo cual se asegura el más pleno derecho de defensa de los imputados y demandados.

La diferencia estará dada por la calidad y especialidad de los funcionarios encargados de la investigación de los casos de daños, delitos y contravenciones ambientales, las medidas efectivas de protección que puedan solicitar y por las propuestas de reparación e indemnización que puedan exigir a nombre de los intereses generales de la comunidad salteña.